La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, encendió las alarmas este lunes al presentar denuncias relacionadas con la gestión de recursos en el Ministerio de Defensa.
Según lo expuesto por la congresista de Cambio Radical, existirían inconsistencias en el pago de gastos funerarios que superarían ampliamente la cifra de muertes de integrantes de la Fuerza Pública en los últimos años. Las declaraciones fueron difundidas por la revista Semana.
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Arbeláez explicó que, mientras las familias de uniformados que han perdido la vida en operaciones militares o policiales reclaman indemnizaciones que no se han concretado, la entidad habría tramitado pagos funerarios por cantidades muy superiores al registro de fallecimientos oficiales.
“En 2023, por ejemplo, el Ministerio reportó 84 muertes, pero al mismo tiempo reconoció 1.264 gastos funerarios, una diferencia del +1.404%”, manifestó la congresista, en declaraciones recogidas por Semana.
La representante señaló que el patrón se repitió en años posteriores. De acuerdo con sus cifras, durante 2024 se notificaron 99 muertes, mientras que los reportes administrativos mencionan 1.334 gastos de sepelio, lo que implica un exceso de +1.247%. En lo corrido de 2025, con corte al 18 de julio, el Ministerio habría registrado 80 muertes de uniformados, aunque se autorizaron 564 pagos por servicios funerarios, lo que representa un aumento del +605%.
“Estas inconsistencias ponen en evidencia graves falencias de transparencia y posibles irregularidades en la administración de los recursos públicos”, afirmó Arbeláez, citada por el mismo medio.
Además de los señalamientos sobre las cifras, la congresista aseguró que la demora en los procesos de indemnización a las familias de los militares y policías caídos ha derivado en costos adicionales para el Estado. Según Arbeláez, las demandas presentadas por los afectados han generado una pérdida fiscal que superaría los 230 mil millones de pesos en intereses.
“El dinero que debió ir a las víctimas terminó perdido por negligencia del gobierno de Gustavo Petro”, sostuvo la representante, de acuerdo con Semana.
En redes sociales, Arbeláez insistió en que los hallazgos configuran un hecho de alcance nacional. “Estamos ante un escándalo nacional. El gobierno Petro no solo redujo el accionar militar, dejando desprotegido al país, sino que además condenó a las familias de nuestros héroes a la revictimización. ¿Cómo se explica que el Ministerio reconozca hasta 14 veces más gastos funerarios de los que corresponden a las muertes reales? Aquí hay un problema de transparencia, negligencia y posible corrupción que no puede quedar en silencio”, declaró en su cuenta de X, en un mensaje citado por Semana.
La denuncia se suma a otros debates que en las últimas semanas han involucrado la gestión de la cartera de Defensa en el actual gobierno. En el registro oficial, desde el inicio del mandato de Gustavo Petro se contabilizan 263 uniformados asesinados y 1.532 heridos en distintas operaciones. Sin embargo, las cifras relacionadas con los gastos funerarios continúan generando dudas sobre la precisión de los reportes.
En su publicación, Arbeláez compartió además un documento gráfico en el que se expone el incremento de los pagos, mencionando incluso la existencia de posibles “muertos fantasma” dentro de la contabilidad oficial. El mensaje, acompañado de un cuadro con los valores consignados, buscó ilustrar la magnitud de la diferencia entre los datos de muertes y los desembolsos reconocidos por el Ministerio de Defensa.
La congresista sostuvo que las inconsistencias no solo afectan la credibilidad institucional, sino que tienen un impacto directo en las familias que esperan el reconocimiento de sus derechos tras la pérdida de sus seres queridos. En ese sentido, pidió respuestas claras y mecanismos de control para esclarecer cómo se han ejecutado los recursos en estos casos.
Hasta el momento, la cartera de Defensa no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las afirmaciones de la congresista. El debate, sin embargo, ya se instaló en el escenario político, en el que otros sectores han empezado a solicitar explicaciones formales sobre las cifras y los procesos de pago mencionados por Arbeláez.