La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por la pérdida de documentos clave en el expediente del caso de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El proceso, involucra señalamientos directos contra Carlos Carrillo, actual director de la entidad, a partir del testimonio bajo juramento de Sneyder Augusto Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia.
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Según información de Noticias RCN, la Fiscalía citará a Carlos Carrillo para declarar por la desaparición de los documentos. De acuerdo con fuentes consultadas por ese medio, Pinilla responsabilizó a Carrillo por el extravío de órdenes de proveeduría y registros del avance de contratos, considerados elementos determinantes para identificar si se otorgaron contratos públicos de forma irregular a congresistas con el objetivo de movilizar las reformas legislativas del Gobierno.
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En su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, Sneyder Pinilla fue categórico al aclarar que “los papeles se le perdieron fue a ese director, al actual, que es Carlos Carrillo”. El exsubdirector cuestionó los alcances de la investigación preguntando “¿por qué solamente nos están revisando a nosotros?”. Las declaraciones, direccionaron el foco de la investigación sobre la administración presente de la UNGRD.
El contexto del caso: presuntos contratos irregulares y red de corrupción
Los documentos desaparecidos contienen información sobre la asignación de contratos, adjudicación de proveedurías y el seguimiento a proyectos financiados por la entidad. Según la investigación presentada, parte de esos contratos habrían tenido como destinatarios a legisladores para asegurar apoyo a iniciativas del Ejecutivo.
A raíz de la denuncia hecha por Sneyder Pinilla, la Fiscalía busca determinar cómo se produjo la desaparición de los documentos, cuáles personas tuvieron acceso a la información y si hay un patrón de manipulación o de destrucción de pruebas que obstaculice el proceso judicial.
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El papel de Olmedo López y nuevas revelaciones ante la Corte Suprema
La investigación también involucra a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien colabora actualmente como testigo en la indagación tras acogerse al principio de oportunidad. En declaraciones rendidas ante la Fiscalía, López relató que la senadora de la Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, habría gestionado un contrato de obras en Casanare. “Era para buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Unidad de Gestión del Riesgo”, afirmó.
La versión de López y la documentación relativa al caso serán piezas clave en la audiencia programada para el miércoles siguiente ante la Corte Suprema, audiencia que podría arrojar más información sobre la estructura interna y los beneficiados de la red de corrupción.
Postura de la Dirección de la UNGRD: Carrillo rechaza las acusaciones
Ante las denuncias de Sneyder Pinilla, Carlos Carrillo se pronunció públicamente en sus redes sociales rechazando con firmeza las acusaciones. El director de la UNGRD sostuvo: “rechazo categóricamente las falsas acusaciones del hampón Sneyder Pinilla, un corrupto probado que hoy, con la anuencia de algunos enemigos del Gobierno, intenta enlodar nuestra labor”.
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Carrillo refrendó que bajo su gestión la institución no oculta información: “A diferencia del señor Pinilla, aquí no tenemos nada que esconder. El que ha sido procesado por supresión y destrucción de material probatorio es él”.
El actual director aseguró además que su oficina ha colaborado por completo con la Fiscalía y los organismos de control durante las verificaciones del caso. Carrillo atribuyó la desaparición de los archivos a personas que ahora figuran como denunciantes, así como a individuos a los que calificó como “superpoderosos, aún impunes”. Su rechazo se evidenció en su publicación: “¡Tras de ladrones, bufones!”.
Expectativa por la audiencia y respuesta política
La próxima comparecencia de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia mantiene en vilo a la opinión pública y al Congreso, pues se espera que amplíe detalles sobre la entrega de contratos, las implicaciones de los funcionarios actuales y las circunstancias alrededor de la pérdida de documentos.
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Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación enfrenta el reto de esclarecer tanto los posibles actos de corrupción como las circunstancias que rodean la desaparición de documentación clave, con la presión de sectores políticos y ciudadanos para que se determine con prontitud quiénes son los responsables y se actúe judicialmente contra ellos.