El ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre confirmó, durante el evento de radicación de ley para crear un Procedimiento Especial de Interdicción Marítima, en el Capitolio Nacional, que existen “grandes probabilidades de que Carlos Ramón González sea extraditado a Colombia desde Nicaragua”.
El funcionario explicó que, según el tratado vigente, la extradición solo puede negarse cuando se trata de delitos políticos, si la pena no corresponde a la establecida en el acuerdo, o en caso de que se incumpla el principio de doble incriminación.
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Señaló que la doble incriminación exige que el delito por el cual se investiga en Colombia también tenga la misma categoría legal en Nicaragua.
“Entonces, se reúnen todos los presupuestos necesarios de acuerdo al tratado de extradición para que Ramón González sea enviado a Colombia”, sostuvo Montealegre.
El ministro añadió que, aunque el proceso ahora está en manos del sistema judicial interno de Nicaragua, la Embajada y la Cancillería colombiana monitorean el caso y gestionan la prioridad del trámite.
“Ya en este momento, el Gobierno nacional están muy atentos a pedir agilidad y priorización en este caso”, expresó.
En cuanto a la alerta internacional, Montealegre confirmó que Colombia ya remitió a Francia, país donde se encuentra la sede central de Interpol en Lyon, la orden de captura para que se emita la Circular Roja en contra de Carlos Ramón González.
“Colombia ya envió la orden de captura, la alerta roja. En este momento Francia evalúa, la posibilidad de hacer eficaz inmediatamente esa orden”, detalló.
Explicó que cualquier orden de Interpol debe ser primero revisada y validada por las autoridades internacionales en Francia. “Creemos también que se cumplen todos los requisitos y, por lo tanto, en cualquier momento consideramos que se debe hacer efectiva la orden internacional una vez hecha la evaluación en Francia”, concluyó el jefe de la cartera de justicia.
La petición formal del Gobierno colombiano al de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González
El Ministerio de Justicia solicitó oficialmente a la Fiscalía General de la Nación tramitar la extradición de Carlos Ramón González, que se encuentra en Nicaragua y es investigado por presuntos delitos asociados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Contra el exfuncionario, pesa una orden de captura por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.
La solicitud de extradición está fundamentada en el tratado bilateral suscrito entre Colombia y Nicaragua el 25 de marzo de 1929. El Ministerio de Justicia informó que tanto esa cartera como el Ministerio de Relaciones Exteriores estarán listos para acompañar el proceso y remitir la documentación necesaria en cuanto los jueces lo requieran.
El caso tomó relevancia tras conocerse que la Embajada de Colombia en Nicaragua habría gestionado la renovación de la residencia de González en aquel país poco después de ser imputado.
Un documento tramitado el 21 de mayo de 2025 indica: “Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.
A su vez, la Dirección General Consular de Nicaragua autorizó el trámite, permitiendo al investigado renovar su cédula de residencia, según comunicó la entidad.
Frente a estos hechos, la Cancillería colombiana aclaró que la solicitud hecha por la embajada no fue consultada ni aprobada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se anunciaron investigaciones disciplinarias para determinar eventuales responsabilidades.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la cooperación judicial y el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional; razón por la cual la información conocida el día de hoy será remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno para las indagaciones disciplinarias a que haya lugar”, señaló la Cancillería en un pronunciamiento oficial.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa a funcionarios de la Cancillería por la gestión que permitió la permanencia legal de González y el acceso a bienes de la sede diplomática.