El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, negó que las recientes inspecciones realizadas a las supertiendas Olímpica, propiedad de la familia Char, y a las tiendas D1, del grupo Santo Domingo, tengan motivaciones políticas.
El funcionario afirmó que estas visitas de vigilancia laboral se realizan únicamente a partir de denuncias presentadas por los trabajadores y en cumplimiento de la responsabilidad de la cartera de proteger los derechos laborales en el país, según declaró en una entrevista con Caracol Radio.
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“No tengo ninguna motivación de persecución contra la familia Char ni nada por el estilo. Los Char, que son los dueños del Junior, son dueños del equipo del que soy hincha. Así que, aquí estamos sencillamente cumpliendo con nuestras obligaciones y con nuestras competencias”, afirmó Sanguino.
El Ministerio de Trabajo ha desplegado inspecciones en 60 puntos de la cadena Olímpica, incluyendo supermercados, droguerías y plataformas proveedoras, con el objetivo de verificar denuncias relacionadas con intermediación laboral, tercerización, irregularidades en las jornadas y condiciones que podrían poner en riesgo la salud y seguridad de los empleados.
Según el ministro, estas acciones buscan “producir un informe que permita a estas supertiendas generar un plan de mejoramiento que proteja derechos laborales y garantice la seguridad y salud en el trabajo a los miles de trabajadores de estas plataformas y tiendas”.
Estas acciones se suman a las intervenciones en tiendas D1, una cadena que ha recibido críticas de medios asociados al grupo Santo Domingo.
Frente a ello, Sanguino rechazó cualquier interpretación política y sostuvo que la decisión responde a “un volumen importante de querellas y quejas” recibidas por las Direcciones Territoriales del Ministerio. “Hay un común denominador en estas denuncias”, agregó a Caracol Radio, refiriéndose a ambas cadenas.
El ministro Sanguino resaltó que el propósito es mejorar las condiciones laborales y proteger la rentabilidad de las empresas, siempre sobre la base del trabajo digno y decente.
“Aquí se trata de proteger la rentabilidad de estas empresas sobre la base del trabajo digno y decente, que es lo que guía la acción del Ministerio”, indicó al citado medio de comunicación.
En la entrevista también se abordó la reciente amenaza del ELN contra las tiendas D1, que el grupo armado ilegal declaró como objetivo militar en algunas regiones, argumentando supuestas malas prácticas laborales.
Sanguino condenó enérgicamente estas amenazas y reiteró que las inspecciones se debe al cumplimiento de funciones legales y constitucionales, rechazando toda acción criminal contra actores económicos del país.
“Las autoridades civiles y militares deben garantizar el funcionamiento normal de las actividades económicas legales”, afirmó.
Frente a esta situación, Tiendas D1 expresó su “profunda preocupación” y exigió al Gobierno nacional que garantice la protección de sus trabajadores y la operación segura en estas regiones, subrayando que su labor contribuye directamente al bienestar de los habitantes de Chocó y Risaralda.
Por su parte, las autoridades han aumentado las medidas de seguridad en las rutas de transporte desde Antioquia y el eje cafetero hacia Chocó, con el fin de prevenir posibles ataques y asegurar el abastecimiento de los establecimientos comerciales.
La escalada de tensión en la región evidencia la vulnerabilidad de las actividades comerciales frente a la presión y amenazas de grupos armados ilegales, lo que genera inquietud tanto en el sector privado como en las comunidades locales.
Respecto a la metodología de las inspecciones, el ministro Antonio Sanguino aclaró que su visita a una de las tiendas Olímpica no debe ser vista como un gesto político especial, sino como un acompañamiento a los funcionarios y un mensaje a los trabajadores.
Subrayó que la mayoría de las inspecciones se realizan sin la presencia de altos funcionarios y que su participación responde únicamente a motivos de agenda y representación institucional.
Finalmente, Sanguino se refirió a las denuncias sobre coacción a trabajadores para participar en marchas políticas, tanto en el sector público como privado.
“Nadie puede ser objeto de coacciones para salir a protestar, ni del lado de la oposición ni del lado del gobierno”, afirmó.
Además, señaló que el Ministerio de Trabajo protege el derecho a la protesta social y vela porque quienes no quieran participar no sufran represalias ni despidos.
Antonio Sanguino concluyó su entrevista a Caracol Radio que todas las acciones del Ministerio de Trabajo están orientadas a proteger los derechos laborales y cumplir con sus competencias legales.