La obra de la avenida El Rincón, ubicada en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, se convirtió en lugar recurrente del que se presentan desafíos y controversias que enfrentan los grandes proyectos de infraestructura urbana en la ciudad.
Este corredor vial fue concebido para mejorar la movilidad de más de un millón de habitantes, conectando zonas residenciales y comerciales con el resto de la capital. El proyecto contemplaba la ampliación de 2,35 kilómetros de vía, la construcción de tres nuevos puentes vehiculares, una ciclorruta de más de dos kilómetros y más de 54.000 metros cuadrados de espacio público.
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En teoría, la obra debía estar finalizada en 26 meses, con una inversión estimada de 150.000 millones de pesos. Iniciada en 2019, su objetivo era reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de los residentes del sector. Sin embargo, lo que se presentó como una solución a largo plazo terminó generando múltiples demoras, sobrecostos y un malestar ciudadano.
Actualmente, los costos se calculan en aproximadamente 281.000 millones de pesos, mientras que el plazo de ejecución se extendió a 71 meses. Las demoras se explican, en parte, por 23 modificaciones contractuales, 11 prórrogas, nueve ampliaciones presupuestales y la inclusión de imprevistos que, de acuerdo con las denuncias, debieron haberse previsto en la etapa de diseño inicial.
Ante este panorama, concejales del distrito mostraron su preocupación por la falta de control y seguimiento efectivo al proyecto. Uno de ellos fue Daniel Briceño, que denunció la permisividad de las administraciones distritales para seguir aprobando recursos sin establecer responsables ni correctivos tangibles para los contratistas implicados.
El consorcio San Patricio, encargado originalmente de la ejecución, fue sancionado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en 2024 por incumplimientos que paralizaron más del 50% del cronograma. Esto obligó a una cesión del contrato a la empresa Guinovart Obras y Servicios S.A., con la promesa de reactivar la obra en noviembre de ese mismo año y avanzar en varios frentes clave antes del primer trimestre de 2025.
No obstante, el concejal Briceño alertó sobre posibles actos de corrupción en la nueva etapa del proyecto. En junio de 2025, con un avance del 95% y a tan solo dos meses de la fecha de entrega programada, el nuevo contratista solicitó recursos adicionales que fueron aprobados por la Alcaldía de Bogotá sin mayores reparos.
A esto se sumaron cerca de 5.600 millones de pesos destinados a cubrir supuestos imprevistos fiscales relacionados con la adquisición de materiales; en total, la obra, cuyo presupuesto original era de $150.000 millones, terminó costándole a la ciudad $281.000 millones, es decir, a lo largo del proceso se registraron sobrecostos de cerca del 90% de los recursos originales.
“Una planificación adecuada y un correcto seguimiento habrían evitado estos sobrecostos, que terminan siendo asumidos por todos los bogotanos”, afirmó Briceño durante una sesión en el Consejo de Bogotá. “Esta obra no se puede entregar con una celebración, sino que debe ser entregada con una disculpa y soluciones reales para los vecinos”, añadió, al subrayar que la entrega está prevista para julio de 2025.
El impacto de los retrasos y sobrecostos va mucho más allá de lo presupuestal. Suba, una de las localidades más pobladas de la ciudad, se vio afectada la calidad de vida de sus habitantes debido a una obra que ya completa más de cinco años de ejecución.
La infraestructura que prometía reducir hasta en 75 minutos los tiempos de desplazamiento se convirtió en un verdadero dolor de cabeza, con congestiones permanentes, demoras y un entorno deteriorado que alteró la cotidianidad de miles de ciudadanos durante los años en el que se han gestionado las obras.
Por tanto, la situación de la avenida El Rincón se encuentra bajo la lupa del concejal Briceño, conocido por su seguimiento constante a las obras públicas y a los recursos que tanto el Gobierno nacional como el Distrito destinan a su ejecución. El abogado suele enfocarse en proyectos donde se perciben posibles excesos, irregularidades o donde, por su magnitud, considera necesaria una supervisión más rigurosa por parte de otras entidades de control.