El concejal de Bogotá Daniel Briceño informó a través de sus redes sociales sobre la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación de abrir indagación previa a los ministros del Gobierno nacional que firmaron el decreto por medio del cual se convoca la consulta popular.
De acuerdo con el funcionario, la determinación del organismo de control responde a una queja disciplinaria que presentó, junto con Cristina Plazas Michelsen y Alberto Boek Huyke, contra los jefes de cartera que suscribieron el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
Briceño celebró en X la apertura de la indagación y pidió prontos resultados de la investigación: “Necesitamos respuestas inmediatas, no más impunidad”.
La queja contra los ministros de Petro
En el documento de la Procuraduría publicado por el concejal se expone como argumento de los quejosos el hecho de que la firma del cuestionado decreto constituye una acción contraria a la Constitución Política y a la ley colombiana, toda vez que no hay concepto previo, favorable y vinculante del Congreso de la República. Todo lo contrario, el Senado negó la consulta en una votación llevada a cabo el 14 de mayo de 2025.
“Esta actuación no solo vulnera el principio de legalidad, sino que desnaturaliza los límites constitucionales de la participación política, afecta la separación de poderes, compromete gravemente el erario público, y se ejecutó con conocimiento pleno de su ilicitud, pese a advertencias públicas y reiteradas de múltiples autorizadas del mundo jurídico”, se lee en el documento.
Así las cosas, el organismo de control abrió una indagación previa y ordenó decretar la práctica de pruebas. A la indagación serán vinculados los ministros y ministras que suscribieron el decreto:
- Ministro del Interior, Armando Benedetti
- Ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy
- Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas
- Ministro de Justicia y del Derecho encargado, Augusto Alfonso Ocampo Camacho
- Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez
- Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas
- Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
- Ministro de Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez
- Ministro de Minas y Energía encargado, José Luciano Sanín Vásquez
- Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas
- Ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas Medellín
- Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado Christian David Díaz Bulla
- Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila
- Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina Gómez
- Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla
- Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanai Kadamani Fonrodona
- Ministra de Deporte, Patricia Duque Cruz
- Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ángela Yesenia Olaya Requene
- Ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Alfonso Rosero
Llegó a la Corte Constitucional el decreto de la consulta popular
Mientras se surten las investigaciones en la Procuraduría, la Corte Constitucional tiene otra tarea. Pues, el jueves 12 de junio ingresó a la Corte el cuestionado decreto que convoca la consulta popular, en la que la ciudadanía votará varias preguntas sobre el régimen laboral nacional.
En los próximos días, el caso será asignado a un magistrado, quien deberá analizar la constitucionalidad del decreto, considerado contrario a la ley, teniendo en cuenta que el presidente avanzó en la convocatoria pese a que el Senado había rechazado con anterioridad la propuesta.
El Gobierno argumentó que la expedición del decreto, pese al concepto negativo del Senado, se basa en el artículo 4º de la Constitución Política, que establece la supremacía de la Carta Magna sobre cualquier norma legal. Con base en este precepto, la Presidencia declaró inaplicable el acto legislativo que hundió la consulta.