Andrés Forero, congresista del partido Centro Democrático, denunció durante un debate de control político en la Cámara de Representantes que el proyecto del Buque–Hospital en el Amazonas, liderado por el Ministerio de Salud, enfrenta un posible sobrecosto de más de sesenta mil millones de pesos.
Según las afirmaciones del congresista, las irregularidades residen en la comparación con alternativas más económicas y en los términos contractuales para la construcción y equipamiento de la embarcación, así como los costos adicionales para su operación y traslado.
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Durante la sesión, Forero comparó el Buque–Hospital con un barco similar en Brasil, que habría sido construido por un valor significativamente menor.
“Lo que nos encontramos es que Brasil, con quien el Gobierno tiene una excelente relación, acaba de tirar al río Amazonas, en diciembre pasado, un barco muy similar. De hecho, es un poco más grande, más funcional y mejor diseñado, por solamente $12.500 millones (17 millones de reales).
Es decir, aquí hay un sobrecosto de prácticamente seis veces”, expresó Forero, refiriéndose al costo del buque colombiano, que asciende a $54.500 millones y aún no está equipado.
Según detalló, el barco brasileño no solo es más grande, sino que también cuenta con mejores especificaciones por un costo que representa una fracción del proyecto colombiano.
El debate incluyó cuestionamientos a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente para prestadores de salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien, aunque fue citada al Congreso, no acudió a la sesión.
Según explicó Forero, Gómez Consuegra habría presionado al equipo de interventores del hospital San Rafael de Leticia para que firmaran la aprobación del contrato del buque de manera expedita.
Según lo señalado, habría advertido que, de no hacerlo, se “vería obligada” a solicitarles la renuncia. Finalmente, ese contrato fue firmado. Forero destacó que estas posibles presiones representan una irregularidad en el proceso administrativo que merece ser revisada.
Otros costos asociados al proyecto también fueron objeto de escrutinio. Forero mencionó que el traslado del buque desde Cartagena hasta Leticia tiene un precio adicional de doce mil millones, mientras que la dotación de equipos requeriría aproximadamente seis mil millones de pesos adicionales, datos que surgieron de una rueda de prensa ofrecida anteriormente por el ministro Jaramillo. Considerando todas las cifras, el legislador afirmó que el proyecto alcanzaría un costo total de $72.000 millones. “Se Jaramillaron los recursos de la salud”, declaró Forero en referencia al ministro y a la cantidad de recursos públicos involucrados en el proyecto.
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, sí estuvo presente en el debate, aunque no se hicieron públicos comentarios detallados por parte de este sobre las denuncias.
Forero criticó, además, la aparente falta de comparación de precios para la construcción del buque. “Pareciera que el Gobierno no hizo cotizaciones en otros lugares”, afirmó durante su intervención en el Congreso.
El Buque–Hospital proyecta ser una solución para atender las necesidades sanitarias de la región del Amazonas, donde la infraestructura médica es limitada y el acceso para comunidades dispersas representa un desafío logístico.
Aunque la denuncia plantea inquietudes sobre el manejo de los recursos públicos asignados al proyecto, al sugerir que pudo haber sido gestionado de forma más eficiente. Según los cálculos compartidos durante el debate, la diferencia en costos entre este y el buque brasileño comparable es alarmante.
Por otro lado, el congresista cuestionó si los costos disponibles en el presupuesto abarcan los gastos operativos a largo plazo necesarios para mantener en funcionamiento este buque, así como los costos que puedan derivarse de retrasos adicionales en su puesta en marcha dada su situación actual, sin dotación y sin haber sido trasladado.
El tema central sigue siendo objeto de debate entre distintos sectores políticos y sociales colombianos. Por un lado, están quienes apoyan la creación de este tipo de infraestructura sanitaria que beneficiaría a comunidades aisladas en una región crítica del país.
Por el otro, quienes piden garantías de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos para asegurar que los recursos asignados no solo sean adecuados, sino justificados.