Desde el 1 de julio de 2025, Colombia implementará una reforma al sistema pensional que busca ampliar la cobertura y garantizar una vejez digna para millones de ciudadanos.
Según data la Ley 2381 de 2024, promulgada por el presidente Gustavo Petro, esta transformación se estructura en cuatro pilares fundamentales: contributivo, semicontributivo, solidario y de ahorro voluntario. Cada uno de estos componentes está diseñado para responder a las diversas realidades laborales y económicas de los colombianos.
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De acuerdo con la nueva normativa, el régimen contributivo continuará siendo el principal esquema para acceder a una pensión. En este régimen, tanto hombres como mujeres deben acumular 1.300 semanas cotizadas para obtener el beneficio. Sin embargo, la reforma introduce una reducción progresiva para las mujeres, quienes podrán pensionarse con 1.000 semanas a partir del año 2036.
Este cambio busca reconocer las desigualdades históricas en las trayectorias laborales de las mujeres.
La creación del Régimen de Transición permitirá a ciertos trabajadores acogerse a las normas de la Ley 100 de 1993, vigente durante más de tres décadas. Este régimen aplicará a hombres que hayan cotizado al menos 900 semanas y a mujeres con 750 semanas cotizadas al 1 de julio de 2025. Estas 750 semanas equivalen a aproximadamente 14,4 años de trabajo continuo, siempre que los aportes se hayan realizado sin interrupciones. Este beneficio es especialmente relevante para quienes ya llevan un tiempo considerable aportando al sistema y desean conservar los beneficios previos a la reforma.
Otro de los pilares destacados en la reforma es el semicontributivo, diseñado para quienes no lograron cumplir con todos los requisitos del régimen contributivo, pero realizaron aportes durante su vida laboral. Según la ley, podrán acceder a este pilar los hombres mayores de 65 años y las mujeres mayores de 60 años que hayan cotizado entre 300 y 1.000 semanas. Por ejemplo, una mujer mayor de 60 años que haya cotizado menos de 750 semanas podría recibir una mesada equivalente al 80% del salario mínimo mensual legal vigente, lo que representará aproximadamente 1.138.800 pesos en 2025.
El pilar semicontributivo busca brindar un ingreso básico a quienes no alcanzaron el umbral de semanas requeridas para una pensión completa, ofreciendo una alternativa para garantizar cierta estabilidad económica en la vejez. Este esquema, junto con los otros pilares, refleja el adaptar el sistema pensional a las diversas realidades de los trabajadores colombianos por parte del Gobierno.
La Ley 2381 de 2024 marca un antes y un después en la estructura del sistema pensional colombiano. Con el objetivo de corregir las fallas del modelo anterior y avanzar hacia un esquema más justo y universal, la nueva legislación contempla la implementación de cuatro pilares que permitirán ampliar la cobertura y brindar mayor seguridad a los adultos mayores del país.
Uno de los componentes centrales de esta reforma es el pilar solidario, diseñado para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad que, por diversas razones, no lograron cotizar lo suficiente durante su vida laboral. Este segmento de la población, tradicionalmente excluido del sistema de pensiones, ahora contará con un respaldo económico del Estado que busca garantizar condiciones mínimas de bienestar en la etapa de retiro.
A este componente se suma el pilar de ahorro voluntario, el cual permitirá a quienes tengan capacidad de aportar más allá de lo obligatorio, complementar su pensión y planificar con mayor flexibilidad su futuro financiero. La combinación de estos dos pilares junto con los pilares contributivo y semicontributivo conforma la arquitectura del nuevo sistema pensional, que se presenta como una alternativa más inclusiva, equitativa y sostenible a largo plazo.
La implementación de este modelo reconoce las profundas desigualdades que persisten en el acceso al empleo formal y en la capacidad de ahorro de los colombianos. Por ello, la reforma busca adaptarse a las distintas realidades sociales y económicas del país, ofreciendo soluciones diferenciadas para cada grupo poblacional.
En esencia, la Ley 2381 no solo introduce transformaciones técnicas al sistema, sino que representa un compromiso estatal con la justicia social y la protección de los derechos de los ciudadanos en la etapa final de sus vidas. Con este nuevo marco normativo, el Gobierno espera sentar las bases de un sistema pensional más amplio, incluyente y preparado para los desafíos demográficos del futuro.