El sistema de salud en Colombia atraviesa una crisis profunda, cuya dimensión comienza no a medirse no solo en la quiebra de instituciones prestadoras de servicios, la escasez de medicamentos y las abultadas deudas con hospitales y clínicas, también en la forma como millones de ciudadanos tienen que acudir a mecanismos judiciales para proteger su derecho a una atención digna. Las cifras más recientes de la Corte Constitucional reflejan un fenómeno que crece sin freno y se trata de la judicialización del acceso a la salud.
En los últimos ocho años, el país es testigo de una tendencia sostenida de aumento en la presentación de tutelas, particularmente por parte de mujeres, quienes representan el 56% del total de acciones interpuestas por razones médicas. De hecho, desde 2016 se registraron más de 1,5 millones de tutelas relacionadas con temas de salud, y solo entre 2022 y 2024 se radicaron 619.172, es decir, casi el 40% del total acumulado en ocho años, lo que evidencia un agravamiento reciente de la situación.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
El aumento es tan marcado que solo entre 2021 y 2024 se produjo un crecimiento del 177% en el número de tutelas por salud, pasando de 91.518 a 265.273 radicaciones al cierre del año pasado. Este último dato representa el registro más alto desde que la Corte Constitucional comenzó a publicar datos abiertos sobre el tema en 2016, superando incluso el anterior pico histórico alcanzado en 2019, cuando se reportaron 207.365 acciones, y evidenciando una crisis creciente en el acceso efectivo a los servicios de salud del país.
Uno de los elementos más llamativos de esta problemática es que, dentro del universo de tutelas presentadas por razones de salud, la gran mayoría apuntan a necesidades urgentes y básicas. En más del 86% de los casos durante 2024, los ciudadanos reclamaban el acceso oportuno a tratamientos médicos (89.292 casos), la entrega de medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (69.170 radicaciones), la asignación de citas médicas (66.162) y la garantía de un tratamiento integral (54.682 casos).
La realidad demuestra que, a pesar de las promesas de reforma y los debates políticos sobre el futuro del sistema, la tutela se convirtió en la vía más efectiva para lograr atención médica en Colombia. En total, de las 5.496.970 acciones de tutela interpuestas en los últimos ocho años, el 29% tuvieron como eje central el derecho a la salud, lo que la ubica como la segunda causa más común después del derecho de petición, que representa el 44%, y refleja una tendencia preocupante en la defensa judicial de derechos fundamentales no garantizados por el sistema.
Sin embargo, este aumento en la efectividad judicial también está acompañado por un fenómeno preocupante y son los desacatos. Un informe del Consejo Superior de la Judicatura, revelado por el diario El Tiempo, indica que la salud es el derecho con mayor número de incumplimientos por parte de las entidades responsables. En 2023, se registraron 112.484 ingresos al sistema judicial por desacato. De estos, 75.809 fueron archivados, 30.036 resultaron en sanciones, y 13.588 casos permanecen activos, lo que refleja una preocupante tendencia de incumplimiento sistemático en el sector salud.
Las cifras no solo reflejan el colapso progresivo de un sistema que cada vez responde menos por iniciativa propia, también el peso emocional, económico y jurídico que tuvieron que asumir miles de colombianos que, ante la ineficiencia estatal persistente y la falta de soluciones estructurales reales, se ven forzados a defender lo que debería estar garantizado desde el principio, es decir, el acceso pleno, oportuno, eficiente y digno a la salud como un derecho fundamental innegociable.