En la mañana de este jueves 3 de octubre, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) adelantaron una jornada de traslado para 3.312 reclusos que permanecían en centros de detención transitoria del país, como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o estaciones de la Policía Nacional, y que ahora fueron llevados a diferentes establecimientos carcelarios del territorio nacional.
La entidad señaló que esta jornada cumple con lo establecido por la Corte Constitucional frente a la situación de hacinamiento en estos sitios de detención, teniendo en cuenta que en algunas zonas del país se supera hasta el setecientos por ciento de capacidad, como lo detalló un informe de la Personería de Bogotá.
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“Las mesas de trabajo efectuadas entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional de Colombia y el Instituto, han logrado el traslado de 2949 personas privadas de la libertad de centros de detención transitoria en el país y 363 en la ciudad de Bogotá (...) con ello, se descongestionan y deshacinan las URI’S y Estaciones de Policía.”, explicó el Inpec en un comunicado.
La institución aseguró que, con estas jornadas, se garantiza el derecho a una reclusión digna para las personas privadas de la libertad.
“Con la adopción de estas medidas el Inpec, busca proteger la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, garantizando el acceso a la justicia, a la información, a la salud, la alimentación, la higiene y humanizando su condena a través de su vinculación en procesos de resocialización mediante estudio, trabajo y enseñanza, actividades culturales, de recreación y deporte”, mencionó la entidad carcelaria.
Finalmente, el Inpec no descartó que estas jornadas continúen desarrollándose en el territorio nacional, pero hicieron un llamado al Ministerio de Justicia para que se garanticen los recursos necesarios para trasladar a los internos de los centros penitenciarios transitorios a las cárceles del territorio colombiano.
Alerta por hacinamiento carcelario en Colombia
Un informe de la Personería de Bogotá, reveló que en la ciudad, en los espacios de detención transitoria que tienen una capacidad de 1.200 reclusos, hoy cuentan con más de 3.174 internos, lo que genera gran preocupación a las autoridades locales y nacionales.
Mientras que en el departamento de Antioquia, la situación no es alentadora. La Personería departamental mencionó que el hacinamiento supera el 210 por ciento, como es el caso de la región del Valle de Aburrá. Un ejemplo de ello fue una inspección realizada por la entidad a las instalaciones de la Sijín, donde se encontraban más de 3502 personas recluidas, cuando es un espacio destinado para 20 reclusos, respectivamente.
De otro lado, la crisis carcelaria también ha afectado otras ciudades como Bucaramanga, donde la alcaldía local resaltó que existen sitios donde permanecen más de 700 personas en un espacio para 120 recluidos.
“Es una muestra de la incapacidad estatal para gestionar de manera efectiva el sistema de justicia, lo que deriva en consecuencias graves tanto para los reclusos como para la sociedad”, sostuvo Ramón Castillo, investigador del Centro de Estudios de Justicia de Colombia.
Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, y alcaldes de las cuatro ciudades principales de Colombia (Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; y Barranquilla, Álex Char) realizaron una reunión para buscar soluciones inmediatas a la grave crisis de hacinamiento en los establecimientos carcelarios del país.
En el encuentro, se acordaron varios aspectos clave, como el traslado de mil detenidos de las URI a cárceles y elaborar informes sobre internos con derecho a beneficios, como la libertad condicional y la detención domiciliaria, punto que se cumplió en la jornada realizada este 3 de octubre de 2024.
Así mismo, los alcaldes se comprometieron a habilitar conexiones en estaciones y URI para facilitar diligencias judiciales virtuales y así reducir el número de libertades otorgadas por vencimiento de términos. Por su parte, el Ministerio de Justicia evaluará la creación de sitios transitorios de reclusión bajo vigilancia de particulares.