En un evento significativo en Gigante (Huila), el presidente Gustavo Petro reafirmó su posición sobre las represas hidroeléctricas en el país, al declarar que tanto la represa de Hidroituango como la del Quimbo no debieron construirse. Esta afirmación se hizo durante la entrega de tierras a víctimas del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, el cual fue objeto de controversia y críticas por su impacto ambiental y social.
La ceremonia, que tuvo lugar el viernes 20 de septiembre, estuvo caracterizada por la entrega simbólica de 940 hectáreas productivas a 94 familias desplazadas por la construcción de la hidroeléctrica. Este megaproyecto, que inundó 8.586 hectáreas y desplazó a miles de personas, generó un impacto considerable en la producción agrícola de la región, estimándose pérdidas superiores a 32.000 millones de pesos. Durante su discurso, Petro enfatizó que la construcción de estas represas fueron un factor que comprometió la vida y el bienestar de las comunidades afectadas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
El presidente señaló: “¿Qué es lo que están haciendo con el Estado y con el pueblo colombiano, si no son business (negocios) oscuros e incluso con dinero de la magia?” Esta declaración resuena con el discurso de su administración, que criticó la relación entre el sector público y privado en proyectos de gran escala, bajo el argumento de que a menudo se anteponen los intereses económicos a la vida de las personas y al desarrollo sostenible del país.
Petro también mencionó el impacto de la construcción de represas en las comunidades indígenas, citando el caso específico de los indígenas wayuu. “El mismo espacio que utilizamos socios a los indígenas wayuu socios, no sobre los indígenas wayuu y produciría la misma energía, no habría riesgo sísmico sobre el campesinado que vive ahí abajo y las poblaciones”, explicó.
La entrega de tierras es parte de un proyecto del Gobierno nacional para reparar a las víctimas de estos megaproyectos. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquirió aproximadamente 5.000 hectáreas en Huila, de las cuales 3.000 se destinarán a la reparación de quienes sufrieron las consecuencias de la hidroeléctrica.
Petro argumentó que el desarrollo del país debería centrarse en “el crecimiento de la vida” y no en su destrucción. En su intervención, hizo un llamado a reconsiderar cómo se ejecutan los proyectos de infraestructura, al sugerir que alternativas menos destructivas y más inclusivas deberían ser exploradas. Mencionó la posibilidad de desarrollar fuentes de energía renovable en colaboración con comunidades indígenas.
La construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, que inició en 2010 y representó una inversión de cerca de 1.200 millones de dólares, fue una fuente de conflictos y tensiones en la región. A medida que el Gobierno avanza en su política de reparación, se espera que este tipo de iniciativas contribuyan a mitigar los efectos de la injusticia social que han marcado la historia de estos proyectos hidroeléctricos.
Los riesgos de las represas, que denuncia Petro:
Las comunidades afectadas por los megaproyectos hidroeléctricos, como Hidroituango y El Quimbo, enfrentan un riesgo inminente debido a la activación de sus turbinas. La preocupación radica en las graves consecuencias que estos proyectos pueden acarrear, afectando a miles de familias y generando un clima de miedo en las poblaciones cercanas.
Desde el inicio de la construcción de estas hidroeléctricas, se expresaron inquietudes sobre su impacto negativo en la región, como el desplazamiento de comunidades y la vulnerabilidad de sus habitantes. Las voces que se oponen a estos megaproyectos advierten sobre los potenciales daños irreversibles que podrían causar, así como sobre las víctimas que ya han surgido como resultado de la implementación de estas iniciativas.
La crítica se centra en la percepción de que los intereses económicos fueron priorizados sobre la seguridad y el bienestar de las comunidades locales, lo que plantea un dilema ético y social que merece atención.