La nueva regla fiscal verde propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro en la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento que busca recaudar $12 billones para financiar al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 es uno de los temas de discusión en la actualidad económica de Colombia
Esta regla, que busca integrar criterios de sostenibilidad ambiental en la gestión fiscal del país, generó debate por los posibles efectos en la confianza de los inversionistas. De acuerdo con el texto conocido, el objetivo de esta medida es asegurar que las cuestiones económicas y ecológicas se manejen de manera conjunta, y que las inversiones en infraestructura y desarrollo económico tengan un impacto positivo en el medio ambiente.
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A este punto se refirió el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. Durante el Congreso de Confecámaras 2024 habló de esta propuesta y expresó que la regla podría no ser ideal.
Villar resaltó que “es importante que cuando se establece una regla para autorregularnos tratemos de no estarla cambiando a cada rato porque pierde credibilidad”. El funcionario también señaló que excluir ciertos gastos importantes del cálculo de la deuda puede complicar la evaluación del gasto público y su impacto.
Según el gerente general del Emisor, la pregunta tiene que ver con que si ¿esa deuda no la vamos a tener que pagar?, por lo que cree que en la medida lo que se vaya a pagar se debe contabilizar.
“Alguien podría decir, pero es que, me podría criticar con todas las razones, es que usted no considera que lo verde es muy importante, que el cambio climático es importante, considero que es absolutamente fundamental, tan importante como la educación de los niños, ¿no vamos a contabilizar la deuda generada para pagar la educación en este país?; tan importante como la salud”, cuestionó.
También se pregunto “¿no vamos a contabilizar la deuda que se genera para pagar los gastos de salud?; tan importante como construir esa infraestructura”.
Y siguió: “¿no vamos a contabilizar esa deuda? Si empezamos a excluir cosas de deudas cuyos intereses o amortizaciones sí tenemos que pagar, pero las excluimos porque son bienes públicos importantes, podemos determinar que en general el gasto público se hacen cosas importantes, sobre eso esperamos todos, que el gasto público se hagan cosas importantes”, apuntó.
Preocupación por la regla fiscal
Ante la posible modificación de la norma (que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), son varias voces las que han mostrado preocupación al respecto. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, pidió tener cuidado con modificarla porque podría generar endeudamiento mucho más rápido.
“Cuidado. Flexibilizar la regla fiscal, o romper la regla fiscal, no es más que aumentar el endeudamiento de un país que todos estamos de acuerdo está demasiado endeudado. Este es un problema que se devuelve rápidamente porque no solo tendremos que pagar esa deuda adicional, sino que los mercados, como ya está demostrado, nos van a cobrar mayores intereses a todos”, escribió el también presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN) por medio de X,
Alertó que “las estimaciones de los costos que estamos pagando en este momento por incrementos en intereses relacionados con mayor riesgo percibido nos llevan a cifras que superan los 24 billones de pesos desde el año 2022 hasta el día de hoy”.
Reforma es “inaceptable”
Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, la nueva reforma tributaria es “Inaceptable”, porque no tiene ninguna vocación estructural (busca solo gastar más en 2025 y de allí en adelante el recaudo es muchísimo menor y casi el 90% menos).
“Esto genera mucha más desconfianza e incertidumbre en el sector privado porque parece una reforma tributaria hecha para hacer política de exceso de gasto público un año antes de elecciones (derroche focalizado) y que los colombianos pagaran mayoritariamente en 2026. Pero además, nos hace retroceder como país”.
Según escribió en X, “la propuesta, como si fuera poco para ‘derrochar’ aún más, flexibiliza la regla fiscal para supuestos proyectos verdes, lo que es un “pésimo mensaje a calificadoras de riesgo e inversionistas internacionales”.