En una medida que marca un cambio significativo en la política de seguridad del Gobierno colombiano, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó la reactivación de las operaciones ofensivas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta decisión se produce después de que el decreto de cese al fuego, que había estado en vigor durante los últimos meses, expirara el sábado 3 de agosto.
El anuncio fue realizado en una rueda de prensa en la que Velásquez detalló que las Fuerzas Militares ya están movilizándose para retomar sus operaciones en contra de la guerrilla del ELN, que es el último grupo insurgente significativo que opera en el país.
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El cese al fuego fue una medida clave en los esfuerzos del Gobierno por negociar una paz duradera con el ELN, buscando replicar los éxitos del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que culminó en 2016. Sin embargo, las conversaciones con este grupo guerrillero enfrentaron múltiples obstáculos, como en desacuerdos sobre términos específicos y denuncias de acciones violentas cometidas por el grupo guerrillero durante el período de cese al fuego, como el secuestro y el reclutamiento a menores de edad.
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El vencimiento del decreto el 3 de agosto se dio en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.
En una rueda de prensa, el jefe de cartera abordó la reactivación de las operaciones ofensivas contra el ELN tras el vencimiento del decreto de cese al fuego, que esperaba tuviese una prórroga, pero no fue así.
Velásquez declaró: “Naturalmente, siempre que no hay cese al fuego que implica respecto de las Fuerzas Militares la suspensión de operaciones ofensivas, significa que esas operaciones ofensivas se reanudan. Y esa es la instrucción del comandante general de las Fuerzas Militares a todos los miembros de las fuerzas, y también del director general de la Policía Nacional a toda la Policía del país”.
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Los problemas de la mesa de diálogo de paz
Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN atraviesan un momento crítico. Desde enero de 2024, no se llevaron a cabo ciclos formales de diálogo, aunque se mantuvieron y se firmó el primer punto de la agenda de paz. A pesar de estos avances, las negociaciones estuvieron estancadas, con temas urgentes aún por resolver, como la renovación del cese al fuego, que expiró el 3 de agosto.
La principal fuente de estancamiento en las negociaciones es la oposición del ELN a los diálogos regionales que el Gobierno y la Gobernación de Nariño llevaron a cabo en ese departamento del suroeste colombiano. Estos diálogos involucran a una facción escindida del ELN, los Comuneros del Sur, lo que provocó tensiones con el grupo guerrillero principal.
El ELN insistió en que cualquier negociación debe ser nacional y liderada por su equipo negociador. No aceptan que haya acercamientos regionales con frentes o grupos que supuestamente afirman que pertenecieron a esa guerrilla. Esta postura complicó significativamente los esfuerzos del Gobierno para avanzar en las negociaciones y lograr un consenso.
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Vera Grabe, la jefa negociadora del Gobierno, expresó su preocupación en una carta enviada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace unas semanas. En la carta, la delegada solicitó aclaraciones sobre la estructura y dirección de las negociaciones con el ELN.
“Le pidió en una carta hace unas semanas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que les aclare quién negocia con el ELN: si hay una negociación nacional que es la que llevan ellos; si ahora va a ser regional con el primer ejemplo en Nariño, o si van a ser procesos paralelos, que es lo que no quiere la guerrilla”, señala la misiva.