El 26 de julio de 2024, se registró una nueva jornada de enfrentamientos en las inmediaciones de la Universidad Nacional, en la capital del país. En el lugar, hizo presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Metropolitana de Bogotá para restaurar el orden que agitó un grupo de encapuchados.
En medio de los enfrentamientos se reabrió el debate sobre la aplicación de la fuerza según los protocolos de derechos humanos y el concepto de manifestación social, que prohíbe el uso de armas para el control del orden público en los escenarios de protesta.
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A causa de que un uniformado perteneciente a la seccional de Antinarcóticos de la Policía Nacional utilizó su arma de fuego para defenderse de los ataques de tres encapuchados que lo intentaron agredir en, al menos, cinco ocasiones con papas bombas y molotovs, artefactos explosivos que pueden llegar a afectar la integridad física de las personas.
Según los informes de la Policía Nacional, los ataques se dieron cuando la patrulla en la que se desplazaban los uniformados quedó atrapada en medio del lugar, mientras que los manifestantes, al parecer, intentaron atentar contra un funcionario de Transmilenio, pero lanzaron los artefactos explosivos que explotaron debajo del automotor, lo que obligó a uno de los uniformados a utilizar su arma de dotación.
Ante la situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, escribió en su cuenta de X: “Insistiremos y responderemos con autoridad ante los bloqueos y cualquier acto de violencia”, haciendo referencia a los dos días de disturbios en las afueras de la Universidad Nacional que afectó a 90.000 personas que se vieron obligadas a caminar por las calles para llegar a sus dfestins. A la par, rechazó los hechos y aseguró que “no se trató de una protesta social, sino de delincuentes que usan artefactos explosivos para poner en riesgo la vida de la gente”.
El mandatario local calificó los hechos como “violencia”, señalando que “ese tipo de situaciones no las podemos tolerar, no se puede romantizar, no es protesta”. Por lo que instó a las autoridades a avanzar en el proceso de judicialización de los responsables. A su juicio, “los encapuchados salieron directamente a destruir, a poner en peligro la vida de policías, de transeúntes o de pasajeros del sistema de transporte”.
En la misma línea, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, sostuvo que los hechos del 26 de julio de 2024 deben ser investigados como un “atentado con explosivos y una acción de la Policía en uso legítimo de la fuerza que debe ser investigado en términos de proporcionalidad” y no como una protesta legítima.
Contrario a la postura de la administración de Galán, el Comité de Derechos Humanos de la Universidad Nacional emitió un comunicado, asegurando que “el patrullero disparó directa e indiscriminadamente en contra del estudiantado que se encontraba ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social y manifestación pública”.
A su vez, el documento puntualizó que durante los enfrentamientos hubo exceso de fuerza por parte de los uniformados, además de que se violaron los protocolos establecidos para garantizar la seguridad durante las manifestaciones.
¿Cuántos heridos dejaron las marchas en la Universidad Nacional de Colombia?
Según las instituciones distritales, la última jornada de protestas estudiantiles en la Universidad Nacional, en Bogotá, que derivaron en nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública dejaron al menos cinco personas heridas
“Los disturbios que se derivaron dejaron cinco personas heridas, entre ellas un uniformado y dos coordinadores de equipos mixtos de diálogo del Distrito. La instrucción es clara: en Bogotá respetamos la protesta siempre que no afecte los derechos de quienes deciden no manifestarse”, indicó el alcalde Galán.