La fiscal Luz Adriana Camargo enfrenta un caso serio: presuntas intervenciones telefónicas ilegales por parte de la inteligencia gubernamental bajo la administración de Gustavo Petro, dirigidas a jueces de la Corte Constitucional.
El caso salió a la luz en una reunión extraordinaria de la Corte, después de que se divulgara un mensaje en Whatsapp alertando sobre la intervención ilegales de comunicaciones.
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, entregó una misiva a la fiscal Luz Adriana Camargo en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar describe la persecución que él y su esposa están sufriendo, con intervenciones telefónicas y vigilancia constante.
Frente a estas acusaciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X, que “su Gobierno no se interceptan comunicaciones”, y que el magistrado Ibáñez “deje de caer en ingenuidades”.
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En su mensaje el primer mandatario afirmó que el gobierno nacional no realiza interceptaciones de comunicaciones, una práctica “prohibida explícitamente” por su administración. Además, destacó que las operaciones de inteligencia del Estado se centran exclusivamente en la investigación de grandes criminales, logrando, según él, resultados exitosos en este ámbito.
En ese sentido, continuó diciendo que si el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha recibido mensajes de WhatsApp con información sobre interceptaciones, es víctima de grupos de “extrema derecha” que intentan no solo desgastar las relaciones dentro del gobierno, sino también debilitar los lazos entre el gobierno y otras ramas del Estado.
“El gobierno nacional no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la República. La inteligencia del estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia. Si al magistrado Ibáñez le ha llegado whatsapps con esa información solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno sino del gobierno con las otra ramas del estado. Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”, aseguró el primer mandatario colombiano en su cuenta de X.
Previamente, el presidente Petro ya había realizado otra publicación en su cuenta de X hablando del tema. En esta rechazó categóricamente que su administración haya autorizado interceptaciones con el fin de restringir la independencia del Poder Judicial o acceder a información sensible.
“Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, comentó Petro en la red social.
Presidencia informa investigación interna por denuncias de “chuzadas”
De hecho a causa de lo anterior, el 24 de junio por la mañana se informó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República comenzó investigaciones en respuesta a las acusaciones del magistrado de la Corte Constitucional, quien denunció presuntos seguimientos hacia él, su familia y su equipo de trabajo.
En el comunicado al respecto se lee lo siguiente: “Desde que se hicieron públicas denuncias sobre una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y la control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”.
El Dapre afirmó que el Gobierno está preparado para colaborar en lo que sea necesario para determinar la procedencia de las acusaciones y que cooperará estrechamente con las autoridades correspondientes.
“Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”, señalaron.