El viernes 14 de junio fue el día en que la página de aspirantes de la Presidencia apareció el nombre de Esteban Restrepo Taborda, una de las fichas clave del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y que ahora llega al Gobierno nacional para acompañar a Néstor Osuna como director técnico de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia.
Y es que el alfil de Quintero sería el número once en llegar al Ejecutivo y su carrera política no ha estado exenta de críticas y polémicas, especialmente después de que su nombre apareciera en una serie de irregularidades dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
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Restrepo no logró su aspiración a la Gobernación de Antioquia, obteniendo solo más de 232.000 votos. Sin embargo, había estado en la búsqueda de una posición en la administración central durante varios meses, tal como se rumoreaba en círculos políticos en Bogotá. Su nombre se mencionó en torno al Departamento para la Prosperidad Social y Ungrd
Incluso, el director de la entidad para atención de desastres, Carlos Carrillo, denunció que Restrepo, junto con aliados de Quintero como Alejandro Toro, representante a la Cámara por Antioquia, lideró varias reuniones con alcaldes de Andes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Necoclí y Segovia durante el periodo de Olmedo López. Carrillo señaló que estas reuniones, aunque presentadas como espacios para articular planes de desarrollo, coincidieron con giros presuntamente irregulares que finalmente fueron detenidos.
“No tengo ni la más mínima idea, habría que preguntarles a qué vinieron el 31 de enero (de 2024)”, cuestionó Carrillo, resaltando una transferencia sospechosa de $43.500 millones a Corpourabá, girada casi inmediatamente después del encuentro a puerta cerrada.
El nuevo funcionario del Gobierno nacional venía solicitando pista para aterrizar en las arcas controladas por el presidente Petro desde hace varios años, cuando sirvió como secretario de Gobierno en Medellín entre 2020 y 2022 bajo la administración de Daniel Quintero. Luego, Restrepo hizo pública su renuncia para apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Esteban Restrepo es profesional en Negocios Internacionales, con especialización en Gerencia y una maestría en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su cercanía a Daniel Quintero se remonta a cuando este último fue viceministro de TIC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, período en que Restrepo fue contratista y asesor de Miguel Quintero, hermano del entonces viceministro y concejal de Medellín.
A principios de este año, Restrepo fue considerado para varios puestos públicos, incluyendo la dirección de Prosperidad Social, aunque Gustavo Bolívar finalmente fue seleccionado para ese cargo. La postulación actual permite a Restrepo continuar su carrera en el Gobierno de Petro, ahora en el Ministerio de Justicia.
Nicolás Murgueitio Sicard, el director saliente del área de Asuntos Internacionales, es un abogado con 11 años de experiencia en el sector público, incluyendo trabajos en la Cancillería, Migración Colombia y el sector justicia, por lo que el nombramiento de Restrepo se da en medio de críticas por su poca experiencia para liderar una dependencia de alcance internacional.
Las críticas hacia el equipo de trabajo de Quintero tampoco se han hecho esperar, pues la llegada de Restrepo al Gobierno nacional sería el número once de sus más cercanos alfiles. De hecho, otro polémico nombramiento es el de Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social y de Gobierno de Medellín y ahora subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Ramírez ha enfrentado graves denuncias desde 2021 sobre financiar el proyecto político de Quintero mediante presiones a funcionarios y contratistas para donar parte de sus salarios.
Además de Restrepo y Ramírez, otros exfuncionarios de Quintero que ahora ocupan cargos en el Gobierno nacional incluyen a Wilder Echavarría, asesor del Ministerio de Minas y Energía, y Johnatan Estiven Villada, director aeronáutico en la Aeronáutica Civil. Echavarría, exdirector de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), fue duramente criticado por modificar el manual de contratación para permitir contratos directos hasta $9.085 millones, mientras Daniel Quintero estuvo a cargo de Medellín.
Por su parte, Villada estuvo implicado en cambios en los manuales de contratación en el Hospital General de Medellín y también ocupó cargos en EPM. Durante su gestión, se implementó un plan de congelamiento de tarifas de energía que fue desmentido por expertos y afectó financieramente a la empresa.
Entre los señalados también figura Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín, quien ahora es asesor del Ministerio de Salud. López, además de ser parte de la estructuración del proyecto del metro ligero de la 80, figura en investigaciones por presuntas irregularidades fiscales.
Andreé Uribe Restrepo, exsecretaria de Salud de Medellín, fue contratista de la Ungrd en diciembre de 2023 y enfrenta una investigación por supuestas irregularidades en la Clínica de la 80, con un posible detrimento patrimonial de $12.007 millones. Otra implicada, Natalia Jiménez, exsecretaria general de Telemedellín, ahora trabaja en la Agencia Nacional de Minería.
Otros exfuncionarios, como Edwin Muñoz y Marelbi Verbel Peña, ocupan cargos en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) con antecedentes de presuntas irregularidades en la Empresa de Seguridad Urbana (ESU). Muñoz fue nombrado director de Gestión de Tecnología de la Información y Verbel directora de Soporte y Desarrollo Organizacional.
Finalmente, Juliana Colorado, exsecretaria de Medio Ambiente, fue nombrada directora regional en el Departamento de la Prosperidad Social en diciembre de 2022, aunque renunció después de que su nombramiento se hiciera público.