La inasistencia de Luis Gustavo Moreno podría poner en riesgo la investigación del ‘cartel de la toga’. El ex fiscal anticorrupción y abogado de Sneyder Pinilla no ha comparecido como testigo en el juicio contra Luis Ignacio Lyons, que está siendo procesado por el delito de cohecho, según la Procuraduría General de la Nación.
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El juicio se desarrolla en el Juzgado 60 Penal del Circuito, y la fiscal delegada ante el Tribunal Superior, Diana Alejandra Cucunubá Pérez, indicó que las audiencias recientes se han visto frustradas por la ausencia de Moreno. Moreno, condenado por su participación en el ‘Cartel de la toga’, ha condicionado su testimonio a la renovación del principio de oportunidad, lo cual ha impedido su comparecencia.
El procurador Mario Enrique Gómez Jiménez dirigió una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, expresando su preocupación por el desarrollo de este proceso judicial. Gómez advirtió sobre el riesgo de prescripción del caso, lo que podría llevar a la terminación del proceso sin una resolución judicial. “Si esto pasa, podría haber una terminación del proceso sin una resolución judicial”, escribió el procurador.
“De manera atenta y respetuosa, escribo esta comunicación en calidad de Procurador Judicial 115 II, asignado al despacho del Juez 60 Penal del Circuito, instancia ante la cual se adelanta el juicio oral del proceso de la referencia, a efectos de elevar ante la Fiscalía General de la Nación un derecho de petición, según lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución Política, sobre los siguientes hechos y fundamentos”, se puede leer en la primera parte de la misiva.
El juez 60 Penal del Circuito ha señalado la gravedad de esta situación, advirtiendo que la falta de comparecencia del testigo clave podría garantizar constitucionalmente la libertad del procesado. La Procuraduría ha destacado que este retraso no solo afecta la administración de justicia, sino también la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en el país.
En un documento de cuatro páginas, el procurador Gómez pidió a la Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes y necesarias para garantizar la asistencia del testigo y asegurar el desarrollo continuo del juicio. En la misiva, subrayó la importancia de una administración de justicia pronta y cumplida y destacó los derechos de defensa y el debido proceso. Gómez subrayó la importancia de una administración de justicia pronta y cumplida.
En la carta, el procurador solicita que “DE MANERA URGENTE E INMEDIATA, los correctivos que SE ESTIMEN COMO PERTINENTES Y NECESARIOS, por parte de la Fiscalía General de la Nación y del comité que guarda competencia en estos asuntos, para que se analice la viabilidad de la concurrencia del aludido testigo al proceso, en cumplimiento de lo previsto en el decreto de pruebas, adoptado al final de la audiencia preparatoria respectiva”, haciendo referencia a Moreno.
Añade que “(...) particularmente para que en lo que resta del juicio oral se pueda verificar, con antelación, la correcta y efectiva citación de LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA y su debida concurrencia y participación en el proceso, si ello se considera viable, con apego a lo concluido en la citada audiencia preparatoria y a lo que exige la normativa respecto a las declaraciones de orden testimonial y con la celeridad y rigor que permiten el cumplimiento de los presupuestos de una administración de justicia pronta y cumplida”.
El caso contra Lyons es emblemático en la lucha contra la corrupción en Colombia. El llamado ‘cartel de la toga’ involucró a altos funcionarios de la rama judicial en actos de corrupción, lo que ha tenido un impacto significativo en la confianza pública en las instituciones.
La Fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzón, aún no ha emitido una respuesta pública sobre las preocupaciones expresadas por el procurador. Mientras tanto, el juicio contra Lyons continúa en la incertidumbre, con el riesgo de prescripción del caso acercándose. “El caso necesita resolverse pronto para evitar una prescripción que favorecería al procesado y sancionaría al Estado por inactividad”, afirmó el juez del caso.