En todos los municipios de Arauca, único departamento colombiano donde la guerrilla del ELN y las FARC tienen presencia, se libra una sangrienta batalla por el control territorial. La palabra “paz” carece de significado en esta región, donde desde enero de 2022 se ha desatado una guerra intensa entre grupos criminales.
Los habitantes viven con temor, son víctimas de extorsión y están sometidos al control del crimen organizado, mientras que los alcaldes y el gobernador se ven impotentes ante la amenaza constante de ser asesinados.
De acuerdo con información obtenida por la Revista Semana, los municipios de Arauca, Fortul, Arauquita, Puerto Rondón, Tame, Cravo Norte y Saravena están sitiados por estos grupos delictivos, que luchan diariamente por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
El gobernador Renson Martínez ha solicitado desesperadamente al presidente Petro una intervención urgente para restablecer el orden y la seguridad en la zona.
“Reiteramos la urgencia de la intervención del Gobierno que usted (Gustavo Petro) lidera para tomar medidas que garanticen la vida e integridad de nuestros habitantes y proteger a los líderes comunitarios en el ejercicio de sus funciones”.
En la historia de Arauca, el ELN manejaba los asuntos políticos mientras que las FARC controlaban el narcotráfico. Saravena, Tame y Arauca estaban bajo el dominio del ELN, mientras que Fortul y Arauquita eran controlados por las FARC.
Aunque se mantenía cierta armonía, esta situación fue cambiando y el ELN tomó control total del territorio. Ahora, las disidencias de las FARC, en última instancia los mismos grupos, buscan recuperar el dominio en algunos municipios, lo que ha desatado enfrentamientos internos y afectado a civiles cansados de vivir bajo el yugo del crimen organizado. Esta situación se ha agravado desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y la implementación de su estrategia de “paz total”, que ha resultado en masacres casi a diario.
Según la Revista Semana, el senador José Vicente Carreño del Centro Democrático señaló que desde el 7 de agosto de 2022 se han registrado al menos 550 asesinatos perpetrados por las disidencias y el ELN.
Los grupos criminales han intimidado a toda la dirigencia política del departamento, que se siente incapaz de proteger a la población. En Arauca reina el silencio por temor a represalias, y aquellos que denuncian irregularidades, como el periodista Óscar López de La Voz del Cinaruco, corren peligro de muerte.
El ELN ha infiltrado la economía legal de Arauca y ejerce control sobre ciertos sectores comerciales, influenciando en las contrataciones y determinando quién puede operar en la zona. La presencia de guerrilleros en las carreteras y en la capital se ha vuelto común, y las masacres son cada vez más frecuentes.
A pesar de las dificultades, las Fuerzas Militares se ven limitadas por el cese al fuego, lo que permite a los grupos criminales aumentar su producción de artefactos explosivos, secuestrar, reclutar y ejercer su dominio con impunidad. La población está desamparada, y la falta de acción por parte del Gobierno Petro ha llevado al senador Carreño a liderar una sesión en Arauca para exigir medidas concretas al Ministerio de Defensa.
La situación en Arauca ha captado la atención de la Defensoría del Pueblo, pero sin la intervención gubernamental adecuada, los habitantes de la región quedan a merced de los criminales. La estrategia de “paz total” propuesta por Petro ha resultado ser beneficiosa únicamente para los grupos armados, mientras que la población sufre las consecuencias de la violencia desatada.