El Ministerio de Justicia expuso en un informe la necesidad de suspender el decreto 380 de 2021, del gobierno Duque, que permite la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos.
Este decreto autorizó la continuación del uso de glifosato en fumigaciones aéreas destinadas a erradicar el incremento de cultivos ilícitos en distintas áreas de la nación. La cartera de justicia del actual Gobierno explicó que los efectos de esta práctica pueden desencadenar daños tanto a la salud como al medio ambiente.
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Según expresa el Gobierno, la utilización de glifosato no se alinea con las directrices de la política antidrogas previstas para la próxima década. El informe remitido al juez Hernando Sánchez señala que, de acuerdo con la legislación colombiana, existen “alternativas menos perjudiciales para la erradicación de cultivos ilícitos”.
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Así, se reconoce que en 2023, la administración de Gustavo Petro ha puesto en marcha una renovada estrategia nacional sobre el manejo de las drogas, la cual tiene vigencia hasta el 2033. Dentro de sus secciones, bajo el título ‘Sembrando vidas, desenterrando el narcotráfico’, se elimina la aplicación de dichos compuestos químicos.
Y es que, el decreto 380, el que pidió el Gobierno nacional que fuera suspendido, facilitó la reanudación de las fumigaciones aéreas, las cuales habían sido detenidas en 2015, tras considerar un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer que clasificó al glifosato como un posible cancerígeno.
Para el Ministerio, el objetivo de la nueva política pública es alinearse con los principios establecidos en la Constitución Política de 1991, la cual mandata la protección de la diversidad del ambiente y su integridad, la preservación de las riquezas naturales del país, la conservación de zonas de crucial importancia ecológica, la planificación en la gestión y utilización de recursos para garantizar un desarrollo sostenible, así como la prevención y control de elementos que deterioran el ambiente, aplicar las correspondientes sanciones legales y demandar la reparación por los daños ocasionados.
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Basándose en esta idea, diversos estudios mencionados en el documento sostienen que el glifosato perjudica el medio ambiente y representa un peligro para los agricultores, lo que lleva a proponer la suspensión de la utilización de este compuesto químico. De hecho en ese sentido el concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes del 2015 dice lo siguiente: “Dicha reglamentación no tiene aplicación material alguna, ya que es contraria a la nueva Política Nacional de Drogas de Colombia 2023-2033, existen otros mecanismos encaminados a la erradicación de cultivos ilícitos, que resultan menos nocivos”.
Por otro lado, en el documento de igual forma se puede leer que: “Este efecto globo contribuyó a la deforestación y expansión de la frontera agrícola. En cuanto a la aspersión aérea –suspendida en 2015, las comunidades han reiterado las consecuencias aún persistentes del glifosato sobre las fuentes de agua y la fertilidad del suelo”.
Y es que, en los primeros días de marzo de este año, el Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por el representante a la Cámara, Carlos Adolfo Ardila, miembro de la Comisión Primera e integrante del partido Liberal, en contra del decreto emitido por el anterior presidente Iván Duque el 12 de abril de 2021.
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De acuerdo con el legislador en su denuncia, el decreto contraviene la Constitución al infringir el principio de reserva legal y al impedir que la ciudadanía participara en la elaboración de informes relacionados con la salud y el medio ambiente. Además, sostiene que este decreto transgrede el principio de independencia y separación de poderes. No obstante, actualmente este decreto no se encuentra activo, ya que hace dos años, la Corte Suprema de Justicia anuló el Plan de Manejo Ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el cual era un requisito indispensable para autorizar las fumigaciones aéreas con glifosato.
*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial*