En la tarde del sábado 3 de febrero, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que en un parqueadero cercano a la Alcaldía de Tuluá, abandonaron un vehículo cargado de explosivos y armas.
De acuerdo con la información brindada por la gobernadora, afortunadamente la Fuerza Pública pudo controlar la situación y desactivar los explosivos. Además, hizo un llamado enérgico al Gobierno del presidente Gustavo Petro para “retomar el control territorial en Tuluá”:
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“La Fuerza Pública ha encontrado y desactivado un vehículo cargado con armas y explosivos en un parqueadero cercano a la alcaldía de Tuluá. Reitero mi llamado al Gobierno Nacional, al Presidente Gustavo Petro, al Ministro de Defensa, a que nos acompañen decididamente a retomar el control territorial en Tuluá”.
Según los reportes preliminares de la Policía Nacional, dentro del vehículo abandonado en la carrera 25 con calle 25, se hallaban dos bolsas negras que contenía un cañón artesanal y cinco granadas calibre 60 milímetros.
El material explosivo fue dejado a disposición de las autoridades correspondientes de realizar estudios balísticos con el propósito de entregar un informe del caso. Para las autoridades el hecho es atribuido a la estructura criminal denominada La oficina.
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“Este tipo de armamento en manos de personas inexpertas, de estar en buenas condiciones de operación, representa un grave riesgo para la población civil, ya que, por sus mismas condiciones de uso, no ofrece garantías de precisión en acciones de terrorismo urbano”, expresaron las autoridades a través de un comunicado difundido por la Alcaldía de Tuluá.
Para la funcionaria, la ola de violencia regresó al país luego de pasar “tiempos ya superados” y solicitó la unión del Gobierno nacional y local para enfrentar con éxito a los delincuentes:
“Todos los actores del Estado debemos unirnos para devolverle la tranquilidad a los tulueños y a la región Pacífica, no me cansaré de repetirlo, la seguridad del Valle depende de la seguridad del suroccidente del País y solo, si actuamos unidos, el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, podremos ser exitosos en esta lucha”, puntualizó Toro.
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La situación también fue reportada por el alcalde de la municipalidad, Gustavo Vélez, afirmando que confía en las instituciones judiciales para dar con los responsables del material explosivo:
“Confío plenamente en las acciones de inteligencia que viene adelantando @PoliciaColombia y @FiscaliaCol para la identificación, judicialización y captura del terrorista que dejó abandonado el vehículo y pido a los tulueños que nos acompañen en esta tarea”, expresó el mandatario.
Luego de la muerte del concejal electo Elyecid Ávila, el 2 de enero, el alcalde de Tuluá comenzó a ser objeto de intensas amenazas por parte del grupo delincuencial conocido como La inmaculada, hecho que generó que el alcalde reforzara su seguridad.
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“El señor Gustavo Vélez cree que la única solución aquí es la guerra... Les dejamos claro que llevamos más de 10 años ahí y seguiremos de frente con nuestra lucha”, se lee en el panfleto intimidatorio.
El 5 de enero el alcalde dijo a medios de comunicación que la anterior administración municipal estaba aliada con la mencionada estructura criminal y que para ello el alcalde tendría las evidencias que sustentaría sus declaraciones.
“Hubo una penetración de personas de esa banda delincuencial al interior de la administración municipal. No me lo estoy inventando o especulando. Es que hubo funcionarios que participaron directamente en actos delictivos. Así como sucedió en movilidad, sucedió en diferentes dependencias”, expresó el mandatario de los tulueños, en un entrevista con Semana.
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Vélez expresó lo que, a su juicio, sería parte de las pruebas contra la anterior alcaldía de Tuluá, liderada por John Jairo Gómez: “Ya la Fiscalía capturó a dos funcionarios de la administración municipal, como agentes de tránsito. Tiene una orden de Interpol para otro agente. Un agente de tránsito está posiblemente vinculado a un homicidio. Ellos tienen elementos de lo que está sucediendo. Ya está reportado y queremos que llegue a buen fin. Sería un mensaje de confianza para la ciudadanía, que el alcalde rompió”.