La situación en las cárceles colombianas continúa siendo uno de los principales retos en materia de justicia, por lo que el Gobierno ha anunciado acciones en beneficio de la población que se encuentra privada de la libertad.
Incluso, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley por medio de la cual se busca garantizar la alimentación de los presos que se encuentran recluidos en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.
Se trata de la ley 2346, por medio de la cual se crean normas para que las “entidades territoriales estén obligadas a brindar la alimentación a personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria”, de acuerdo con el documento oficial publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Sin embargo, en dicha ley se aclara que las entidades tendrán un marco temporal suficiente para presentar las propuestas y avanzar en los procesos contractuales que permitan asegurar la prestación de este servicio.
Uno de los puntos que más se destaca de la ley tiene directa relación con la responsabilidad dada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para mantener el servicio de alimentación en los centros de reclusión hasta el 2025.
Después del vencimiento de este plazo dado por el Gobierno, se espera que los municipios y departamentos se hagan cargo de la obligación de asegurar la alimentación de las personas privadas de la libertad en las URI y estaciones del país.
Es por ello que se brindará un lapso de once meses, en los cuales las entidades territoriales deben avanzar con el proyecto y presentarlo al Ministerio de Justicia el 31 de diciembre de 2024.
Situación actual de los privados de la libertad en Colombia
De acuerdo con cifras entregadas por la oficina de prensa de la Presidencia de la República, son 17.000 personas privadas de la libertad que se encuentran recibiendo alimentación por parte de la Uspec, así que ellas o incluso más serían de las que se deben encargar las entidades territoriales próximamente.
En cuanto a las cifras, las autoridades explicaron que “la asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad, tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue de $647.000 millones en 2023”.
De ese total, $92.957 millones han sido destinados para centros de detención transitoria durante este año, en medio del trabajo que se adelanta para garantizar el bienestar de los presos en el territorio nacional.
Retos en las cárceles colombianas
Aunque ya se avanzó en el proceso que pretende asegurar la alimentación para los privados de la libertad en URI y estaciones de Policía, estos no son los únicos desafíos que tienen las autoridades en materia de justicia.
Uno de los retos más relevantes está relacionado con el hacinamiento en los centros de reclusión en todo el país, pues un informe presentado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diciembre de 2023 encendió las alarmas.
Allí se reveló que hay un hacinamiento de 25,2 %, lo cual quiere decir que la capacidad total nacional se ha excedido por 20.647 cupos en las 125 cárceles que se ubican en 28 departamentos del territorio nacional.
La situación podría agravarse teniendo en cuenta que Ecuador le pidió a Gustavo Petro hacerse cargo de los 1.489 presos colombianos que se encuentran en ese país en medio de la crisis de seguridad que se ha desatado recientemente.
Ante esta petición, el presidente de los colombianos fue enfático en afirmar que “Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Es un proceso y debe respetar las condiciones jurídicas de cada país”.