La Procuraduría General de la Nación le exigió a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, que explique por qué Panam Sports Organization decidió retirar la sede de Barranquilla para la realización de los XX Juegos Panamericanos. El caso constituiría un presunto incumplimiento de contrato por parte del Gobierno nacional.
La organización señaló que se habían presentado “innumerables incumplimientos de contrato vigente” que llevaron a tomar la decisión unilateral de retirar la sede a Barranquilla. En el comunicado señalaron que no recibieron respuesta al cumplirse el plazo para cumplir con los pagos.
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Ante ese pronunciamiento, la Procuraduría le envió un oficio a la ministra del Deporte para que entregue información relacionada con el presunto incumplimiento del contrato, que deberá remitida antes del 5 de enero de 2024 y que permitirán establecer responsabilidades y consecuencias.
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El Ministerio Público solicitó que le remitan el contrato suscrito por las autoridades colombianas para asumir a Barranquilla como sede de la cita continental. Así mismo, que explique todas las actuaciones que se hicieron para cumplir con ese compromiso.
“Los motivos que tuvo Panam Sports Organization para retirar los juegos y la recisión del contrato suscrito con las autoridades colombianas, Ciudad Sede de los XX Juegos Panamericanos a la ciudad de Barranquilla, y las acciones adelantadas por el Ministerio del Deporte para el cumplimiento este contrato”, dice el documento.
La Procuraduría también solicitó al Ministerio del Deporte aclarar si hubo incumplimiento del contrato por parte de las autoridades colombianas. En caso de que sea afirmativo, requirió que se explique las razones de esa decisión, así como las consecuencias económicas y de cualquier tipo que se puedan causar tanto al país como a los deportistas.
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El Ministerio Público también le hará seguimiento a los recursos que se puedan haber invertido para realizar los Juegos Panamericanos en Barranquilla. El ente disciplinario le solicitó a la ministra Rodríguez que explique el estado financiero del contrato, el valor total y los pagos que se hayan hecho para su cumplimiento, con fecha y destinatario.
En caso de que se haya girado recursos para, el Ministerio del Deporte deberá iniciar labores para recuperarlos, a riesgo de que se incurra en un daño patrimonial al haber gastado recursos públicos en un contrato que finalmente no se va a desarrollar.
La indagación está a cargo de la procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que a raíz del revuelo causado, busca determinar quiénes fueron los responsables del incumplimiento del contrato, así como las consecuencias para el país y los recursos públicos de esa omisión.
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A través de un comunicado, la ministra del Deporte aseguró que desde esa cartera habían realizado todas las manifestaciones de compromiso para realizar los Juegos Panamericanos, por lo que los tomó por sorpresa la carta de retiro de la sede de Barranquilla.
Según Rodríguez, el Ministerio “continuó los trámites para apropiar los recursos con destino a las cuotas de concesión de derechos de medios, venta de productos oficiales, y de patrocinios, tal y como fueron exigidos”. Además, en el Presupuesto General de la Nación se asignaron recursos para la región Caribe que incluían el compromiso deportivo.
Víctor Muñoz, exsecretario de la Presidencia de la República durante el Gobierno de Iván Duque, aseguró que el contrato se suscribió en mayo de 2021 con el Ministerio de Deporte y la Alcaldía de Barranquilla. Allí se definió que los pagos se harían por un convenio interadministrativo con esas entidades, la Gobernación del Atlántico y el Comité Olímpico Colombiano.
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Sin embargo, según el exfuncionario, el Gobierno de Gustavo Petro no convocó al comité sino hasta noviembre de 2023, cuando ya había urgencia por cumplir con los pagos, lo que llevó a que se solicitara una nueva prórroga que se habría incumplido.
Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, señaló a Caracol Radio que los incumplimientos comprometen a los dos gobiernos, debido a que no se cumplió con una cuota de 4 millones de dólares en julio de 2022 y la ministra María Isabel Urrutia, de la administración Petro, no atendió reuniones para continuar con el proceso.