La concejala Diana Diago presentó ante el Concejo de Bogotá acusaciones referentes a presuntos sobrecostos en la adquisición de mobiliario para la nueva sede de la Alcaldía local de Tunjuelito. Según Diago, la compra de sillas presentó valores excesivos que requerirán una investigación para determinar la legitimidad de los montos expuestos. Este señalamiento ha suscitado una polémica significativa dentro del cabildo local y entre la ciudadanía interesada en la administración pública y la correcta utilización de los fondos estatales.
Industrias Cruz, una empresa contratista, realizó una compra considerable de mobiliario de oficina, adquiriendo dos variedades de sillas con un desembolso que supera los 287 millones de pesos. Dicha transacción fue confirmada mediante una factura de compra que detalla la inversión en estos bienes destinados al entorno laboral en la nueva sede de la Alcaldía local de Tunjuelito. Esta operación monetaria de gran envergadura resalta por la cifra implicada y el tipo de material oficinista adquirido.
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La cabildante del centro democrático señaló al respecto de las adquisiciones, que se ha convertido en objeto de análisis público, aludiendo a un posible manejo ineficiente de fondos públicos, y arrojando dudas sobre los criterios utilizados por el Distrito para las compras.
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La discrepancia en los precios de las sillas presidenciales y gerenciales frente a los valores generales del mercado sugiere la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de contratación y adquisición en curso dentro de la entidad gubernamental. Estas cifras representan una variación que supera el doble del costo que los consumidores enfrentarían en una adquisición regular de mobiliario de oficina.
La oficina de la concejala Diago consiguió un descuento del 4% en la adquisición de un nuevo lote de sillas, luego de llevar a cabo una segunda cotización con la empresa proveedora. Inicialmente, tras un hallazgo administrativo, se decidió verificar el coste del mobiliario, resultando en una oferta más económica que la previamente acordada.
Ante esta situación, la cabildante expresó que “esperamos que la alcaldesa Claudia López de las explicaciones necesarias y que los entes de control adelanten investigaciones por estos presuntos sobrecostos”.
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La Alcaldía local de Tunjuelito informó a través de un comunicado oficial que las contrataciones recientes se han realizado acorde a los precios de mercado, tras la recolección de múltiples cotizaciones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Esta declaración surgió en respuesta a cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad en los procesos de adquisición por parte de la entidad.
En el documento redactado por la alcaldía local de Tunjuelito en un apartado aclaran lo ocurrido: “Al respecto, es importante mencionar que el proceso se ciñó a los postulados establecidos por el estatuto general de contratación estatal y que los precios fueron obtenidos de las cotizaciones antes mencionadas”.
Una empresa muy conocida
Hasta cinco alcaldías locales han suscrito contratos con Industrias Cruz durante la administración de Claudia López: Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Sumapaz y Usme.
La administración local de Tunjuelito se encuentra en el ojo del huracán tras unas adquisiciones cuestionables. De acuerdo con información revelada por la concejal Diana Diago y su equipo de trabajo, esa alcaldía habría adquirido 180 sillas presidenciales con un coste unitario de 1.300.000 pesos y 20 sillas gerenciales por 2.699.999 pesos cada una, precios significativamente superiores a los del mercado. Se estima un sobrecosto que podría alcanzar los 164 millones de pesos.
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Industrias Cruz Hermanos S.A., es una compañía especializada en la fabricación y venta de muebles, ha estado en el foco tras revelarse que Ernesto Cruz Sánchez, su principal socio y tío político de Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, logró la firma de 32 contratos con la administración distrital, sumando un monto que excede los 56.000 millones de pesos.