La Corte Constitucional, a través de la decisión 525 del 2023, ha dictaminado un fallo que confirma la validez de la Ley 2272 de ‘paz total’, pero con el planteamiento de algunos limitantes que afectarían la flexibilidad del Gobierno de Gustavo Petro para negociar con grupos armados al margen de la ley. El pronunciamiento fue catalogado como un respaldo a la actuación de la Fiscalía General y a la institucionalidad judicial del país.
De hecho, para la cabeza del organismo de control, el fiscal Francisco Barbosa, dicha determinación de la Corte habría sido “trascendental”, según sus declaraciones dadas durante una ponencia del III Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, que se realizó el viernes 01 de diciembre, en Neiva, departamento del Huila.
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En esa medida, Barbosa también aseveró que la decisión constituiría un impulso para la institucionalidad judicial colombiana que, de acuerdo con intervenciones previas en diversos espacios, ha sido afectada por las actuaciones del Gobierno en su avance con la Paz Total.
“Es un espaldarazo profundo a la Fiscalía General de la Nación”: Barbosa
Por medio de una entrevista con El Tiempo, Francisco Barbosa amplió su posición sobre los efectos de la decisión de la Corte referente a la Ley 2272, y refirió que es un respaldo a la Fiscalía, luego de haberse negado a aceptar la suspensión de órdenes de captura solicitadas por el presidente en relación con miembros del ‘clan del Golfo’ y otros grupos. La Corte afirmó la necesidad de una ley de sometimiento, la cual sería definida por el Congreso y no directamente por el Ejecutivo, hecho que reafirma la autonomía del poder judicial y protege los derechos de las víctimas.
“La Corte Constitucional respalda las posiciones insulares que tuvimos en enero de este año, cuando incluso muchas personas decían que el fiscal General estaba abusando de sus funciones, cuando yo lo que estaba haciendo es proteger la institucionalidad y la gente”, sostuvo.
De la misma manera, Barbosa celebró que el fallo pueda establecer lindes a esta política del gobierno de Petro que habría buscado la liberación de ciertos detenidos, para designarlos como posibles voceros de paz. “La Corte le dice al Gobierno que no es posible hacerlo porque es una función que viola la separación de poderes, la reserva judicial en materia penal, y atenta contra el derecho de las víctimas. Podría decirles sin ninguna duda que hoy el presidente Gustavo Petro ni el Congreso tienen facultad para sacar a nadie de las cárceles que haya cometido delitos”, indicó.
De acuerdo con el fiscal, la Corte confirmó que la función del gestor de paz se mantendría válida bajo otra legislación previa, mientras que la figura del vocero de paz quedó sin piso, y cualquier captura derivada deberá ser evaluada por fiscales autónomos
La Paz Total es solo con el ELN y las disidencias de las Farc
De tal modo, para Barbosa resultó necesario rescatar el hecho de que el fallo aclarara que únicamente las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC podrían ser actores sujetos de procesos de paz dentro de la Lery 2272, lo cual era un punto que desde la Fiscalía habría sido discutido sin la sentencia 525, ya que para el fiscal habría existido un “hueco” frente a la delimitación de actores armados en las negociaciones.
“¿Cuál era el hueco que había? Querían hacer procesos de sometimiento colectivo con organizaciones criminales como narcotraficantes, el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado. Todo eso era parte de lo que estaba haciendo el Alto Comisionado para la Paz. Queda claro que el proceso de Paz Total solamente es con el ELN y las disidencias de las Farc, con los otros no hay posibilidad hasta que no exista una ley de sometimiento”, agregó Barbosa en su dialogo con el citado medio.
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