A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación alertó a las autoridades departamentales, municipales y a la fuerza pública, sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre grupos ilegales que delinquen en cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta, en zona rural.
“Por medio de oficios enviados a los alcaldes, al gobernador y a los comandantes de la Primera División del Ejército y la Policía, la Procuradora Regional advirtió que es inminente un desplazamiento masivo de estas comunidades”, dice el comunicado de la Procuraduría.
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De esta manera, el ente de control aseguró en el documento que es necesario adoptar planes de contingencia que permitan garantizar los derechos, vida e integridad de la población.
Hay que tener en cuenta que, desde el 21 de septiembre del presente año, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación del Ministerio Público para efectos de la coordinación pertinente entre las autoridades municipales, departamentales y nacional.
Por su parte, en días anteriores la Defensoría del Pueblo hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que atienda la emergencia humanitaria que vive el municipio de Tierralta (Córdoba) a causa de los hostigamientos a la comunidad por parte de miembros del Ejército Nacional, en hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2023.
De acuerdo con Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, existe la necesidad de coordinar acciones interinstitucionales con el objetivo de brindarles atención alrededor de 400 personas que están en condición de desplazadas, debido a los constantes abusos de la fuerza pública en sus territorios.
“Ante esta emergencia humanitaria, que podría aumentar con el paso de las horas, les solicitamos a los entes nacionales y departamentales atender la situación, pues el ente municipal ya desbordó su capacidad para hacerle frente a lo que está sucediendo”, indicó el funcionario.
Desde la vereda Bocas del Manso y en zonas aledañas hasta el casco urbano de Tierralta, el defensor aseguró que los núcleos familiares que abandonaron sus viviendas de esa zona rural del centro-sur del departamento están resguardadas en cambuches improvisados en el parque Santiago Canabal del municipio.
Camargo fue enfático en decir que estas personas abandonaron sus casas porque “las instituciones del Estado no les cumplieron con lo que se comprometieron luego de las denuncias sobre abusos de militares contra la comunidad”.
En una mesa de diálogo organizada por la entidad encargada de garantizar los derechos humanos y voceros de las comunidades desplazadas de las veredas Llanos del Tigre, Palestina, Gloria 1, Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz y Bocas del Manso, la Defensoría señaló que es obligación del Estado atender sus reclamos, buscar soluciones y garantizar sus derechos.
Lo anterior, dice, debido a que las personas desplazadas, al verse en un “ambiente de zozobra por la presencia de militares en sus veredas, el temor y el no cumplimiento de lo pactado, se vieron obligadas a abandonar los lugares donde habitan”.
Grupos armados estarían intimidando a los propietarios y trabajadores
Los ganaderos del Magdalena Medio antioqueño se encuentran atemorizados por hombres armados que están frecuentando el terreno e intimidando a los habitantes del municipio de Puerto Nare. Precisamente los propietarios de las haciendas La Unión y La India tuvieron que parar sus actividades habituales por temor a ser asesinados o perder su ganado.
La situación la dieron a conocer los dueños de las fincas al denunciar que hombres armados en camionetas habrían llegado a las haciendas exigiendo ver a los propietarios para cobrarles el pago de una supuesta deuda. Además de esto intimidaban a los trabajadores señalándoles que en caso de no acceder a las pretensiones volverían para matar el ganado y acabar con la vida de ellos.