El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida este martes por el régimen de Daniel Ortega, “en el que se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales”, expresó la cancillería española en un comunicado.
“Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social desde hace ya más de tres años que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes”, detalló el Ministerio de Exteriores del país europeo.
Y subrayó: “Las decisiones adoptadas por el gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados”.
“El Gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política”, concluyó.
El régimen de Nicaragua condenó este martes la “inadmisible intromisión” de España en sus asuntos internos y la acusó de carecer de “autoridad moral” ante “tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena”.
En una nota dirigida al Ministerio de Exteriores español, la Cancillería de Nicaragua lamentó y condenó “la inadmisible intromisión del Gobierno del Reino de España en los asuntos internos que sólo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo”.
El régimen de Daniel Ortega señaló que ha denunciado, y seguirá “denunciando, la cínica y continúa, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de Gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia”.
En la nota, el país centroamericano hizo ver a España “la obligación que tiene de respetar, como nosotros les hemos respetado, y de asumir, sin demora, los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada Península Ibérica”.
La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, El Reino Unido y España se han sumado a las denuncias sobre la falta de credibilidad de los comicios en el país centroamericano.
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