El Parlamento de Francia aprobó el uso del certificado sanitario pese a las protestas: cuatro millones de personas se vacunaron desde el anuncio

El Parlamento francés aprobó este lunes el uso del certificado sanitario como una de las principales medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus a pesar de las protestas registradas durante el fin de semana en varios puntos del país.

Con 156 votos a favor, 60 en contra y 14 abstenciones, la medida salió adelante y da luz verde a las nuevas restricciones, que incluyen la obligatoriedad de la vacunación para determinados sectores, como el sanitario.

La intención del Gobierno es hacer de la vacunación la piedra angular de la lucha contra la COVID-19 a mediad que se registran nuevas variantes del virus. Si bien las modificaciones han sido introducidas por decreto, el Parlamento se vio inmerso en una sesión maratoniana desde el martes para debatir la extensión de las medidas actuales.

Macron, indicó este lunes que cuatro millones de personas más se han vacunado en Francia en las últimas dos semanas, desde que el anunció de la medida. “Todos juntos venceremos al virus. ¡Seguimos!”, escribió el dirigente en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que señaló que 40 millones de franceses han recibido al menos una dosis de la vacuna, el equivalente casi al 60% de la población, y cuatro millones más en quince días. Además, según las últimas cifras del domingo, más de 32,3 millones de personas tenían además la pauta completa de vacunación, casi el 50% de la población.

En las protestas del fin de semana contra la normativa, más de 160.000 personas se manifestaron y decenas fueron detenidas. Al comentar las manifestaciones del fin de semana, Macron dijo que las personas que se negaban a vacunarse eran “egoístas” e “irresponsables”.

Cómo funciona el certificado

El certificado deberá mostrar que la persona tiene una pauta de vacunación completa, un test negativo del coronavirus de las 48 horas anteriores o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos.

Estas son las principales medidas que contempla el texto definitivo:

- A partir de agosto, el documento será necesario para entrar a bares, cafeterías y restaurantes, tanto terraza como interior; medios de transporte públicos de largo recorrido y ferias profesionales, que se suman a los lugares donde es obligatorio desde el 21 de julio: museos, teatros, monumentos, salas de deporte y espectáculo.

- Los centros comerciales han quedado exentos de la medida, aunque corresponderá a las autoridades locales imponer el uso del certificado sanitario en ellos si lo consideran necesario.

- Los adolescentes de entre 12 y 17 años no tendrán que presentarlo hasta el 30 de septiembre, pues empezaron a vacunarse más tarde. Este grupo sólo requerirá la autorización de uno de los padres para vacunarse y ninguna para los menores con 16 y 17 años.

- Los trabajadores de los lugares afectados también tendrán que presentar el documento, pero a partir del 30 de agosto. Si no tienen un justificativo, podrían ser suspendidos sin salario.

- El texto prevé multas de 135 euros para los infractores y hasta seis meses de prisión y 3.750 euros de multa en caso de una tercera reincidencia en 30 días. Para los profesionales, las sanciones por no controlar irán desde multas hasta cierres administrativos.

- Los casos positivos confirmados deberán aislarse durante diez días y solo podrán salir en caso de urgencia o entre las diez de la mañana y las doce del mediodía. La seguridad social podrá hacer controles del aislamiento y avisar a las fuerzas del orden si cree que no se está respetando.

- El personal sanitario tiene obligación de vacunarse. Deberán tener al menos una dosis el 15 de septiembre y la pauta completa como muy tarde el 15 de octubre. De no ser así podrán ser suspendidos de empleo y sueldo, pero no despedidos, una introducción que aportaron los senadores.

- Senadores y diputados acordaron en comisión mixta paritaria que la aplicación de estas medidas se condiciona a la prolongación del estado de emergencia sanitaria, hasta el 15 de noviembre (frente al 31 de diciembre que pedía el Gobierno). Cualquier nueva extensión debe ser aprobada por los parlamentarios.

El Gobierno ha acudido al Consejo Constitucional para que revise las medidas antes de la promulgación del texto, que esperan poner en marcha como muy tarde durante los primeros días de agosto.

(Con información de EFE y Europa Press)

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