
La entrega del control y la vigilancia de los puertos y aduanas marítimas y terrestres de México a las Fuerzas Armadas, ya cuenta con un blindaje legal. Ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —el gran crítico de la militarización— el que ha consolidado el nuevo papel del Ejército y la Marina.
La medida ha sido anunciada después de varios meses en los que las autoridades han detectado un aumento del tráfico desde Asia de elementos para la fabricación del fentanilo. Este opiáceo sintético es después enviado a Estados Unidos, un país que ha sufrido de una severa epidemia relacionada con esta droga.
Con esto, la presencia y tareas de la Marina y el Ejército se extienden en el combate a la corrupción y el narcotráfico.

Intensificar el combate militar de contrabando marítimo y el tráfico de drogas es un tema que se ha fraguado desde hace meses en la agenda del gobierno; sin embargo, lejos de tranquilizar a la opinión pública, la puesta en marcha ha intensificado el debate sobre la posible putrefacción del Ejército.
Esta conyuntura es subrayada por Eduardo Guerrero, consultor y analista de seguridad, como uno de los posibles motivos del crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. “El presidente tiene la creencia equivocada de que el ejército es inmune a la corrupción (...) Es una fantasía. . . esta es una apuesta muy arriesgada”, señaló en entrevista con el diario británico Financial Times.
La interpretación del experto revela que un militar con salario bajo puede fácilmente ser sobornado por un cártel rico.
El CJNG ha logrado expandir rápidamente su imperio criminal a través del uso de la corrupción y la violencia. Desde que la organización apareció en el 2000, ha desarrollado vínculos con las autoridades mexicanas que le permiten operar con impunidad. A esto hay que sumarle otro factor: la desatención de los gobiernos de sexenios anteriores hacia el cártel.

La inclusión de militares en el control aduanero no es nuevo en México. En 2009, por ejemplo, el entonces mandatario Felipe Calderón (2006-2012) hizo una purga de más de 1,400 agentes aduaneros señalados por corrupción y los militares se dedicaron a supervisar la transición y la vigilancia, mientras llegaban los reemplazos.
Al inicio de su administración, López Obrador encomendó la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, antigua base militar, al Ejército. Además, ordenó el año pasado la creación de la Guardia Nacional, una nueva corporación de corte castrense que asumió el grueso de las tareas de seguridad pública ante la crisis de violencia que atraviesa México.
La reciente cruzada contra la corrupción es un nuevo guiño que profundiza el papel del Ejército en el país. Esta por verse si la estrategia de militarizar las garitas comerciales rinde frutos, un plan que hasta el momento no ha frenado la ola de violencia.
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