Polémica en Chile por decisión del gobierno de rebajar condenas a 56 condenados por violación y abusos sexuales

Críticas desde todo el espectro político enfrenta el gobierno luego que un reportaje del medio Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia rebajó las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. De acuerdo al artículo, 27 de los beneficiados cumplían condenas por abuso sexual y otros 29 por violación y solo una de las solicitudes presentadas fue rechazada.

La noticia provocó reacciones transversales. El exministro de esa cartera, Jaime Gajardo, y la exvocera Camila Vallejo, recordaron que durante la administración de Gabriel Boric el criterio político fue rechazar sistemáticamente cada una de estas solicitudes, y acusaron al gobierno de modificar esta directriz de manera injustificada.

En tanto, diversos sectores parlamentarios fustigaron que el Ministerio de Justicia otorgara el beneficio de reducción por vía administrativa -directamente por decreto-, pese a reconocerse que ninguno de los 56 reos beneficiados contaba con un recurso judicial particular ganado en tribunales para este proceso.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, apuntó a la fuerte contradicción del discurso gubernamental, cuestionando que el Ejecutivo prometa públicamente “mano dura” contra la delincuencia cuando en la práctica aminora las penas de agresores sexuales de niños, mientras que el diputado Jaime Mulet aseguró que se trata de un “indulto parcial” encubierto.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez manifestó su enérgico rechazo, denunciando un grave retroceso en la protección de la infancia, y exigió aclarar qué medidas y resguardos concretos se adoptaron para las víctimas de los delincuentes favorecidos.

La respuesta del gobierno

Desde el Ejecutivo defendieron la medida y descartaron que las decisiones respondan a una determinación discrecional del Gobierno. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo este miércoles que se ajustó estrictamente a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema.

Según explicó el titular de la cartera, el escenario jurídico cambió con la entrada en vigencia de la modificación legal de 2022, que estableció restricciones para acceder a estos beneficios en los delitos contemplados por la normativa. Antes de ese cambio legislativo, la Corte Suprema acogió recursos de amparo presentados por personas condenadas, estableciendo criterios que posteriormente debían ser considerados por la autoridad administrativa.

En esa línea, Rabat argumentó que la decisión consistió en asumir dicho criterio de forma generalizada.

“La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el Ministerio, incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos, fue seguir la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, afirmó el secretario de Estado.

Tocante a si no correspondía que cada condenado tramitara su pretensión de manera individual ante los tribunales, Rabat reiteró que “lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, y al cierre negó que todo el asunto se haya hecho sin informar a la opinión pública.

“¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución”, argumentó.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la participación del presidente José Antonio Kast, cuya firma aparece en los decretos que autorizaron las reducciones de pena. Consultado por este aspecto, Rabat explicó que las decisiones judiciales deben materializarse mediante actos administrativos y que la firma presidencial forma parte de ese procedimiento.

La ofensiva legislativa

Así las cosas, en cuestión de horas diputados y senadores de todos los colores políticos anunciaron cinco iniciativas legislativas con el mismo objetivo: impedir que los responsables de estos delitos puedan acogerse a rebajas de condena bajo determinadas condiciones.

La primera vino desde la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón, que presentó una propuesta de reforma constitucional para modificar los criterios temporales aplicables a las reducciones de condena.

La diputada Emilia Schneider (FA) también anunció un proyecto orientado a impedir que condenados por delitos sexuales contra menores obtengan reducciones de pena mediante interpretaciones de la normativa que regía antes de 2022.

Desde la Cámara Alta, el senador Arturo Squella (REP) anunció una iniciativa transversal junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, con el objetivo de asegurar que la exclusión de estos beneficios tenga una aplicación efectiva.

Asimismo, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) se incorporó a la ofensiva legislativa con un proyecto que pretende extender la prohibición de acceder a rebajas de condena a delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022, y tiene previsto reunirse esta jornada con el ministro Rabat para examinar su viabilidad jurídica.

La quinta propuesta fue anunciada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), e incorpora mayores exigencias de fundamentación y mecanismos de control para la concesión de reducciones de condena.