El Tribunal Supremo Federal de Brasil inicia este martes el análisis de una denuncia penal contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de haber liderado un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
Si los magistrados consideran que existen elementos suficientes, el ex mandatario podrá ser sometido a juicio, en un proceso que podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión.
La sesión, que comenzará a las 9:30 hora local (1230 GMT), podría definir si Bolsonaro y otros siete ex funcionarios serán juzgados formalmente por su presunto papel en una tentativa de impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que describe la existencia de un “núcleo central” encargado de articular una ruptura institucional con el fin de evitar la transición de poder.
Además de Bolsonaro, están acusados el diputado federal Alexandre Ramagem (PL), ex jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); el ex comandante de la Marina, Almir Garnier; el ex ministro de Justicia, Anderson Torres; el ex jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno; el ex ayudante de órdenes de Bolsonaro, Mauro Cid; el ex ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira; y el ex ministro de la Casa Civil y de Defensa, Walter Braga Netto.
La PGR imputa a los acusados delitos como intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y pertenencia a organización criminal armada.
Según la investigación, el grupo habría planeado instaurar un estado de excepción, con respaldo militar, e incluso se discutió la posibilidad de atentar contra Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, quien también integra la sala encargada de decidir si el caso avanza a juicio.
Las defensas niegan que haya existido una conspiración para un golpe y cuestionan aspectos técnicos del proceso, incluyendo la participación de Moraes, así como de los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin, y el hecho de que la deliberación se realice en la Primera Sala del tribunal y no en el pleno.
En el entorno de Bolsonaro, existen diferencias sobre cómo responder públicamente al proceso. El lunes por la noche, el ex presidente participó en un pódcast grabado en São Paulo junto al gobernador Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos.
La decisión fue criticada por asesores cercanos, que consideran que la agenda favorece más a Tarcísio que a Bolsonaro, quien —según ellos— debería haber centrado sus esfuerzos en preparar sus declaraciones para después del juicio.
Según fuentes cercanas, Bolsonaro regresó a Brasilia la noche de lunes y la madrugada de este martes, y seguiría la sesión desde la residencia del diputado Luciano Zucco (PL-RS), líder de la oposición en el Congreso.
En declaraciones recientes, Bolsonaro ha reiterado que es víctima de una “persecución política”.
“Soy inocente”, insistió en una entrevista. También afirmó que teme por su vida si es encarcelado: “No tengo duda de que en 30 días, como máximo, me matan”, dijo, sin identificar responsables.
Ya inhabilitado hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral por haber atacado el sistema de votación electrónica, Bolsonaro ha dicho que espera revertir la decisión. “Por el momento, soy candidato”, declaró este mes, con miras a las elecciones de 2026.
La decisión de la Corte Suprema, que podría conocerse entre este martes y mañana miércoles, definirá si Bolsonaro y los otros siete acusados enfrentarán un juicio penal por su presunto papel en los hechos que culminaron el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del expresidente invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
(Con información de AFP)
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