(Desde Santiago) Esta jornada continúa la maratónica formalización de los 19 miembros de “Los Piratas” de Aragua involucrados en el secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda en la capital chilena. Dos de ellos fueron detenidos en un megaoperativo policial en diversas comunas, pero sobre todo en el campamento irregular “Vicente Reyes” en Maipú, lugar donde apareció el 1 de marzo de 2024 el cuerpo del malogrado teniente venezolano dentro de una maleta rellena con cal enterrada bajo una losa de un metro de cemento.
Uno de estos individuos -ahora testigo protegido-, aseguró que la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde el número dos de Venezuela, Diosdado Cabello, asunto que terminó por cortar las relaciones bilaterales y llevó al Gobierno chileno a asegurar que recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) de comprobarse su injerencia.
Así las cosas, este jueves el fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que de comprobarse la mano de Cabello en el crimen de Ojeda la justicia chilena pedirá su extradición, así como la de cualquier otra persona o autoridad que esté vinculada a la investigación que lleva adelante el fiscal Héctor Barros.
“En teoría, por supuesto (pediremos la extradición), pero también de otras autoridades venezolanas y de otros países”, sostuvo en entrevista con Radio Duna.
“La investigación a lo que conduce es que habrían intervenido agentes del Estado y que hay una persona que dice que esa persona sería Diosdado Cabello, pero todavía eso es una investigación muy incipiente”, agregó.
Debido a esto, “si tiene participación punible y bajo la ley chilena esa persona tiene que ser perseguida, lo vamos a perseguir. Sea quien sea, no es relevante. Si esa persona es Diosdado Cabello, vamos a pedir su extradición”, dijo taxativo.
Sin embargo, el máximo persecutor chileno recordó que Venezuela, “en general, no extradita a sus connacionales. Ahí tenemos una limitación objetiva”, cerró.
Gobierno observa “con atención”
En paralelo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, insistió en que el Chile respalda la tesis del fiscal Barros de que el crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela. Por esto, el Gobierno se encuentra “observando con atención” la novedades que han aparecido en la formalización de los imputados, a fin de enviar dichos antecedentes a la Corte Penal Internacional (CPI) en caso de ser necesario.
“Las características de este delito, que pareciera al inicio haber sido un secuestro extorsivo, que no se cumplió como tal porque nunca se pidió rescate, que además el homicidio fue pocas horas después, pero además de eso la logística (…) fue descartando hipótesis hasta poder identificar que este podía ser un crimen por encargo y su móvil esencialmente político por las características del teniente Ojeda”, indicó.
Ello, puesto que Ronald Ojeda “no tenía vínculos con ninguna organización criminal en Chile. Era una persona que estaba trabajando en el país y tenía antecedentes de ser un disidente”, agregó.
Tocante a las pruebas que avalarían la tesis de un crimen por encargo, Cordero recordó que primero “están los testimonios que están vinculados a quién pudo haber hecho ese encargo” y, segundo, “la investigación más general que ha descartado otros móviles y que ha permitido al fiscal Barros llegar a la convicción del móvil político como crimen por encargo”.
Consultado finalmente sobre si Chile acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI), la autoridad señaló que “Chile está investigando el asesinato del teniente Ojeda, otra cosa distinta es si los antecedentes que reúne esta investigación son indicios, elementos o antecedentes útiles para la investigación que la CPI tiene abierta en el caso de Venezuela”.
“Es una decisión del Estado de Chile, que se evaluará conjuntamente con la Cancillería y que por cierto, tal como lo ha dicho la ministra Tohá, es un asunto que nosotros estamos observando con atención”, remató.
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