El juez electoral Fernando Muñoz dispuso la destitución de los consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga y Yadira Saltos y de los consejeros suplentes Marisol Párraga y Eduardo Franco Loor por haber cometido una infracción electoral. Los consejeros integran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una entidad de control de Ecuador cuyos representantes son elegidos en las urnas pero que no debe tener –según la ley– filiación política, por ende no pueden realizar proselitismo político ni ninguna organización.
La denuncia contra los cuatro consejeros fue interpuesta por Santiago Becdach y Pamela Troya en condición de ciudadanos. Los consejeros fueron denunciados por haber realizado proselitismo político al participar en actos de campaña a favor de sus candidaturas utilizando elementos distintivos del movimiento político Revolución Ciudadana, del ex presidente y prófugo asilado en Bélgica, Rafael Correa. Esto incluyó el uso de colores, eslóganes y símbolos asociados con el movimiento, lo que está prohibido para candidatos a cargos del CPCCS.
El Tribunal consideró que las pruebas presentadas por los denunciantes, como videos y publicaciones en redes sociales, demostraban que los consejeros promovieron sus candidaturas de manera conjunta bajo el nombre “Liga Azul”, infringiendo las normativas electorales al asociarse con un partido político y realizar campaña fuera del marco permitido. En los spots publicitarios, los ahora sancionados aparecían vestidos con camisas azul marino, y utilizaban la frase “tú sabes que estábamos mejor”, eslogan asociado al periodo de gobierno de Correa. Además, los denunciantes presentaron como prueba que los consejeros se mostraron públicamente junto a figuras prominentes de Revolución Ciudadana, lo que, según la denuncia, representaba un claro caso de proselitismo político. Entre las pruebas incluidas estaban videos y publicaciones en redes sociales donde los denunciados participaban en eventos con líderes de este movimiento político.
La ley prohíbe que los candidatos al CPCCS reciban apoyo de organizaciones políticas. El consejo tiene la responsabilidad de designar autoridades clave en Ecuador, como el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el presidente del Consejo de la Judicatura y jueces de la Corte Constitucional. El hecho de que los denunciados hayan aparecido en actos de campaña con símbolos y apoyo explícito de Revolución Ciudadana se consideró una transgresión a lo establecido en la normativa.
El juez Muñoz determinó que los cuatro consejeros incurrieron en una infracción electoral y sancionó a los cuatro consejeros con la destitución del cargo, una multa USD 32.200 (equivalente a 70 salarios básicos unificados) y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años.
Además de formar parte de la “Liga Azul”, los consejeros sancionados tenían otro tipo de vinculaciones con la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, entre lo más reciente, Verduga fue uno de los nombres del correísmo que se mostraban con posibilidades de ganar las primarias del movimiento de cara a las elecciones de 2025. Por su parte Eduardo Franco Loor fue abogado del ex vicepresidente Jorge Glas, sentenciado e investigado por corrupción. En las elecciones venezolanas del 28 de julio, Franco fue uno de los veedores electorales aceptados por el dictador Nicolás Maduro y ha sido una de las voces que ha tratado de desmentir el burdo fraude del régimen chavista.
Verduga adelantó en X (antes Twitter) que apelará la sentencia: “No cantes victoria, Llamingo. Esta espuria sentencia tiene efecto suspensivo. Ya nos veremos en la apelación”, escribió tras citar a una cuenta de X que publicó la sentencia. Por su parte, Franco Loor aseguró que no es afiliado a ningún partido político, que “ha cumplido con la ley” y que “los nombrados por el pueblo, limpiamente, sometidos a jueces nombrados por voluntad política que reciben consignas protervas”.
Yadira Saltos, otra de las sancionadas, dijo a Radio Pichincha: “Ya no causa sorpresa que en el país algunos jueces dicten sentencias políticas. Esta es una sentencia política que no está basada en el derecho, ni en la justicia”. Rafael Correa rechazó en varias publicaciones la sentencia y en una escribió: “Los sicarios de toga”, en referencia al juez que sancionó a los consejeros. Antes Correa ya había utilizado esta frase pero para atacar a la prensa, entonces decía: “sicarios de tinta”.
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