Una de las últimas actividades parlamentarias del senador uruguayo Adrián Peña fue la presentación de un proyecto de ley para cambiar los ingresos de funcionarios a los gobiernos departamentales. El legislador –que murió de forma repentina en una accidente de tránsito– pretendía que las intendencias estuvieran obligadas a definir sus ingresos por concurso y evitar las designaciones directas.
La propuesta no ha tenido éxito en su trámite parlamentario, pero algunos legisladores ven posible su aprobación.
El proyecto de ley presentado por Peña tiene un único artículo. Y establece: “Los ingresos y ascensos de personal a los gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”.
“En su defecto –agrega–, los ingresos de personal podrían realizarse a través de sorteos públicos convocados y celebrados por los Gobiernos departamentales de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”, agrega.
El proyecto de ley se puede resumir diciendo que lo que busca es impedir las designaciones directas. En la Cámara de Diputados tiene votos de sobra para lograr la mayoría especial que se necesita para su aprobación, según informó El Observador. El texto naufragó en el Senado por la negativa para votarlo del oficialista Partido Nacional, la colectividad política que más intendentes tiene en Uruguay.
En Diputados, en tanto, se cuentan con los 42 votos de los legisladores del Frente Amplio (la coalición de izquierda opositora), que se suman a los oficialistas Partido Colorado (tiene 14 bancas), Cabildo Abierto (10) y Partido Independiente (1). También votarían a favor César Vega (del Partido Ecologista), Daniel Peña (Partido de la Gente) y Eduardo Lust.
Solo con estos votos ya es suficiente para que la aprobación se concrete, pero aún así se podrían sumar otros nuevos apoyos en el Partido Nacional. En esta colectividad, a la que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou, han surgido voces críticas tras lo ocurrido en la Intendencia de Artigas, donde tres dirigentes del oficialismo fueron condenados en medio de irregularidades en el pago de horas extras.
Las intendencias aseguran que este proyecto de ley es inconstitucional porque desconoce la autonomía que tienen para establecer en sus propios estatutos las regulaciones del ingreso del personal. Sin embargo, el artículo 64 de la Constitución uruguaya establece que por dos tercios del total de los componentes de cada cámara se podrán votar “normas especiales” para aplicar a los gobiernos departamentales.
En este artículo constitucional se basó Peña para presentar su proyecto de ley, consignó el medio uruguayo.
En la Cámara de Diputados impulsan la discusión con algunos ajustes. El colorado Conrado Rodríguez declaró a El Observador que está dispuesto a volver a tratar el tema y que estaba de acuerdo con el principio de transparencia. Admitió, sin embargo, que existe “algún margen” para establecer “situaciones excepcionales” en las que puedan contemplarse algunas designaciones directas.
“Hay cuestiones que se tienen que tener en cuenta a la hora de legislar, como situaciones de extrema gravedad por un imprevisto, como el tornado en Dolores hace años. No podés obstaculizar la contratación en esos casos”, ejemplificó. El órgano central del Partido Colorado resolvió la semana pasada que era “necesaria la aprobación por parte del Parlamento” de la iniciativa de Adrián Peña.
El frenteamplista Gustavo Olmos dijo que estaba de acuerdo con ese comentario y declaró que podría ser ajustada la redacción original. Este legislador de la izquierda fue quien la semana pasada pidió reconsiderar en la cámara el proyecto de ley, luego del episodio ocurrido en el departamento de Artigas.
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