La ONG Cristosal informó el miércoles que ha documentado la muerte de 261 personas, cuatro de ellas niños, que estaban bajo custodia del estado salvadoreño, tras ser detenidas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con el objetivo de combatir a las pandillas.
Según el informe “El silencio no es opción”, Cristosal afirma que una amplia investigación de campo y el análisis de la información recolectada, permitió probar que “261 personas adultas y adolescentes y cuatro niñas y niños han muertos bajo custodia estatal”, durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024.
El informe que detalla que de las personas que murieron dentro de los centros de detención, 244 son hombres y 17 mujeres, se basa en las 3.642 denuncias que Cristosal ha recibido desde la vigencia del régimen de excepción por posibles abusos de poder y detenciones arbitrarias, realizando un estudio a profundidad de 1.178 personas detenidas.
Además dice que tras un análisis médico-forense, “Cristosal determinó que 88 muertes pudieron ser producto de un acto criminal, 87 el resultado de una patología y 14 son posibles muertes violentas.” No se cuenta con información suficiente para determinar las causas de muerte de las 72 personas restantes, dice el informe.
“Han muerto en las cárceles y bartolinas salvadoreña por torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, por la falta de alimentación, por insalubridad por la falta de atención inhumana y otras situaciones, pero es que existe una política deliberada para no proteger a las personas privadas de libertad”, afirmó la abogada Zaira Navas, quien dirigió la investigación.
Navas aseguró que “la diferencia de este informe es que recoge pruebas de torturas, de las muertes, del abuso de autoridad, de las víctimas silenciosas”.
Cristosal afirma también que ha certificado “casos de violación, abuso y agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, cometidos por custodios penitenciarios, como por otras mujeres reclusas”.
The Associated Press pidió un pronunciamiento a la Casa Presidencial y su respuesta fue que “no hay comentarios”.
Cristosal es una organización no gubernamental sin fines de lucro que ha realizado investigaciones con Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales. Fue fundada por obispos anglicanos en la posguerra civil de El Salvador e “inspirada en el enfoque de la iglesia en la justicia y los derechos humanos”. Tienen oficina en varios países de la región, en El Salvador la abrieron en 2001, y aseguran que su misión es “defender los derechos, humanos y promover la democracia y justicia en Centroamérica”.
El informe de Cristosal se conoce un día después de que el Congreso aprobara la 28ª prórroga del régimen de excepción, como parte de la estrategia de mano dura impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir las temibles pandillas, arraigadas por años en colonias y barrios populares del país.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Para reforzar la lucha contra las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Según información oficial durante el régimen de excepción las autoridades han capturado a 81.110 supuestos pandilleros o colaboradores, incluidos los principales cabecillas de estos grupos criminales.
La mayoría de los detenidos permanecen sin una sentencia judicial en su contra. El gobierno ha reconocido que ha tenido que libertar más de 7.000 detenidos por falta de pruebas,
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo y registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.00 habitantes, mientras que en 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares.
En lo que va del año 2024 la policía registra 75 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido su política de mano dura a pesar de los cuestionamientos sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. El ministerio de Seguridad informó que en el gobierno de Bukele ha acumulado 655 días sin homicidios.
(Con información de AP)
Últimas Noticias
El Salvador registra 14,087 siniestros de tránsito con un saldo de 907 muertos en lo que va del año
El balance del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con datos de la Policía Nacional Civil, indica que la siniestralidad creció 7,2% interanual, con 942 casos más
Costa Rica declara alerta naranja y amarilla ante lluvias intensas mientras 495 personas han sido evacuadas
Un total de 495 personas fueron trasladadas a albergues temporales por el avance de la onda tropical y la saturación de los suelos, con riesgo de inundaciones y deslizamientos en varias regiones
Las lluvias provocan derrumbes y dañan viviendas al norte de Guatemala
En la comunidad Río Imposible, un deslizamiento de tierra cayó sobre estructuras de madera y dejó al menos tres casas con afectaciones severas, mientras los residentes piden una inspección por grietas en las laderas
Una empleada del Ministerio Público de Guatemala queda vinculada a un caso de drogas
La investigación se activó con un despliegue realizado el jueves 13 de agosto contra una red dedicada al narcomenudeo y la corrupción, con registros, órdenes de aprehensión y secuestro de indicios
Honduras: Tegucigalpa reactiva decenas de pozos abandonados para hacer frente a la crisis de agua
Las autoridades del Distrito Central aceleran un plan para recuperar más de 41 pozos que permanecen fuera de servicio en distintos puntos de la ciudad, como parte de las medidas para aumentar la disponibilidad de agua potable ante la escasez
