
El período oficial de campaña electoral para los aspirantes a la Presidencia de El Salvador, entre ellos el actual mandatario Nayib Bukele, que busca la reelección a pesar del señalamiento de inconstitucional, comienza este martes y se extiende hasta enero de 2024, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Son trece los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de 2024 -en las que también se elegirán a diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y a miembros de Consejos Municipales- de los que al menos seis han definido candidatos al órgano Ejecutivo.
El opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), antes guerrilla, es -por el momento- el único partido que ha presentado ante el TSE la solicitud de sus aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia.
Los institutos políticos tienen hasta el próximo 26 de octubre para enviar sus solicitudes al ente colegiado, para que este revise el cumplimiento de los requisitos establecidos.
La agencia de noticias EFE le consultó a la diputada Anabel Belloso, del FMLN, si los candidatos que aún no han presentado su documentación al TSE pueden realizar campaña electoral y señaló que “en teoría no debería de haber un problema para quienes aún no han oficializado la solicitud de inscripción”.
En redes sociales, el partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), ya ha comenzado su campaña con el mensaje: ‘Marca la N de Nuevas Ideas, vota por Nayib Bukele’.
El TSE no prohíbe la campaña electoral para los aspirantes a la Presidencia que no hayan presentado su solicitud.

“Legalmente no hay un incumplimiento, pero, según la lógica, lo ideal sería tener en firme la solicitud de inscripción para proceder a realizar campaña”, explicó la parlamentaria durante una conversación telefónica.
Para Belloso, que es una de las cuatro diputadas de la formación de izquierda en el Congreso, Nuevas Ideas “esperará hasta el último momento” para presentar ante el TSE su solicitud.
La diputada apuntó que lo anterior “no será impedimento” para que el presidente Bukele “realice su campaña”, aunque aseguró que “hemos visto una campaña adelantada por parte del partido que actualmente está en el Gobierno y el Tribunal (Electoral) no ha ejercido su autoridad, de acuerdo al mandato que tiene por ley”.
“Fuera de los plazos que se establecen ellos (el Gobierno y el mandatario) viven en propaganda permanente. Los medios institucionales forman una red de repetidoras del discurso del Gobierno y de NI, y dejan de lado ejercer su función institucional y eso es altamente condenable”, aseveró.

Y amplió: “No es posible que se dé ese tipo de abusos, que esté a la vista y las autoridades competentes, o que deberían estar regulando que esto no sea así, no digan nada y hablo del Tribunal Supremo Electoral”.
Belloso indicó que espera una contienda electoral con “equidad” y que se desarrolle “una campaña propositiva”.
“Creo que nuestro país ha pasado por tanto a lo largo de la historia que la población merece que quienes aspiran a estar en los espacios de decisión presenten alternativas de solución, en este contexto donde hay graves retrocesos en materia de derechos”, señaló.
“Debemos aspirar a una campaña de altura donde la mentira y el odio le queden a quienes son mentirosos y odiosos”, agregó.
El Código Electoral establece que “la propaganda electoral sólo se permitirá cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para presidente y vicepresidente, y dos meses antes para diputados y Concejos Municipales”.
El ente colegiado prohíbe la difamación, injuria y la calumnia, y señala que los que “promuevan o participen en desórdenes públicos serán castigados de conformidad con las leyes comunes”.
Son más de 5,5 millones los salvadoreños convocados a participar en las elecciones generales de 2024, a los que se suman 685.026 ciudadanos que viven en el extranjero.
Lo particular en dichos comicios es la participación de Bukele y su aspiración por la reelección, lo que lo convierte en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata.
Además de elegir al presidente, en 2024, los salvadoreños elegirán a 44 alcaldes y concejos municipales, en lugar de 242 luego que el Congreso aprobara una ley de reorganización de la división territorial del país, presentada y promovida por Bukele.
Además, deberán votar por 60 diputaciones en lugar de 84, esto también tras la aprobación de una normativa promovida por el mandatario salvadoreño.
(Con información de EFE)
Últimas Noticias
La PNC advierte que las pandillas se camuflan en zonas residenciales de Guatemala con testaferros
La policía de Guatemala señaló que bandas criminales están usando terceros sin historial para alquilar o adquirir viviendas, con el fin de operar como casas de seguridad ante la presión de operativos

Sequía pone en riesgo 6.9 millones de quintales en El Salvador y amenaza el abastecimiento de frijol a partir de noviembre, advierte dirigente gremial
La pérdida total de la siembra postrera comprometería el 75% de la producción nacional de esa legumbre y abriría un déficit superior a 450,000 quintales, en un contexto de dependencia casi exclusiva de Nicaragua

Honduras se acerca a una nueva barrera cambiaria: el dólar roza los 27 lempiras y anticipan más presión sobre la economía
El comportamiento genera preocupación entre representantes empresariales y economistas, quienes advierten que una mayor depreciación de la moneda puede elevar el costo de las importaciones y trasladar presión a los precios que pagan los consumidores
El Instituto Guatemalteco de Migración continúa con la descentralización de la nueva sede regional en Quetzaltenango
La nueva dependencia, ubicada en la avenida Las Américas de la zona 3, prestará servicios a seis departamentos del occidente para gestionar documentos y solicitudes sin que los usuarios deban desplazarse a la capital

Los salvadoreños en Estados Unidos regresan al país para tratar adicciones, ante barreras de acceso en el extranjero
La tendencia, confirmada por directores de un centro terapéutico, se atribuye a las trabas para recibir atención de salud mental y manejo de dependencias en territorio estadounidense, incluidos casos vinculados al fentanilo


