Finalizó el allanamiento al Poder Electoral en Guatemala: la Fiscalía abrió las cajas con los votos de la primera vuelta

La fiscalía de Guatemala finalizó este jueves una investigación sobre el proceso electoral que dio la victoria al progresista Bernardo Arévalo, abriendo las cajas con los votos de la primera vuelta de la reciente elección presidencial, lo que generó críticas y rechazo de la comunidad internacional.

El fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, dijo que había concluido sus diligencias en el centro de operaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde revisó el contenido de 70 cajas electorales que contenían los sufragios de los ciudadanos del pasado 25 de junio.

El partido del presidente electo, el Movimiento Semilla, también enfrenta una investigación judicial que busca anular su registro por supuestas irregularidades en las firmas presentadas para su constitución.

Las acciones de la fiscalía fueron condenadas por el Parlamento Europeo, que a través de un comunicado aseguró que vulneraban la integridad del proceso electoral y la cadena de custodia.

“Condenamos (…) la apertura de cajas con votos emitidos en las elecciones generales del pasado mes de junio y la incautación de material informático relacionado con la transmisión de los resultados electorales preliminares”, señala el texto.

El fiscal Curruchiche defendió su actuación y aseguró que había entregado de vuelta las cajas electorales al TSE para su resguardo y que el ente electoral había dado su anuencia y consideración correspondiente, desmintiendo que fuera cierto que se haya violado la cadena de custodia del voto, como denunció Irma Palencia, magistrada presidente del TSE.

La propia Palencia corrigió a Curruchiche tras sus afirmaciones y dijo a la prensa que “a la persona que gestó todo este asunto le conviene decir que no hubo ninguna violación a la custodia del voto y no es cierto; las cosas no quedaron igual, nunca habíamos tenido un acto de esta naturaleza condenado nacional e internacionalmente”.

El miércoles se presentaron varias denuncias, solicitudes de retiro de inmunidad y amparos contra la fiscal general, Consuelo Porras, así como contra Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana que ordenó el allanamiento.

Los querellantes buscan que se investigue a los funcionarios por los delitos de violaciones a la constitución, abuso de autoridad con fines electorales y prevaricato.

El secretario general de la fiscalía, Ángel Pineda, envió una carta al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Senado estadounidense, a través de la Cancillería guatemalteca, para quejarse de los reclamos que Estados Unidos hace casi a diario y públicamente a la fiscalía por ataques a operadores de justicia perseguidos, al proceso electoral y al Movimiento Semilla.

La misiva dice que el Congreso de Estados Unidos se ha sumado “a los ataques promovidos por el Departamento de Estado en contra de Guatemala”.

“Ha estado investigando y exponiendo la utilización del poder como un arma contra enemigos políticos, y es precisamente esto, lo que el Departamento de Estado está haciendo en contra del Ministerio Público”, reprocha el texto.

“Incluso han llegado al punto de promover informaciones carentes de veracidad intentado socavar la imagen y la función del Ministerio Público de cumplir con su mandato legal y constitucional y legal de ser garante del estricto cumplimiento de la ley”.

Por su parte, cuatro universidades privadas del país pidieron que las acciones legales y penales en curso que realiza la fiscalía, como el proceso electoral, culminen dentro de un marco de total legalidad, regulado por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de orden constitucional.

“La democracia representa un pilar fundamental en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es un sistema que garantiza la participación activa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones, promoviendo el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad”, dice el comunicado.

Porras, Pineda, Curruchiche, Orellana y Monterroso han sido sancionados por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción, socavar la democracia en Guatemala, así como presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas.

(Con información de The Associated Press)