Los diputados de la coalición del gobierno uruguayo conformaron una comisión especial que tendrá a su cargo el análisis del proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social (jubilaciones y pensiones) en la Cámara de Representantes. El objetivo del gobierno es que antes que culmine el primer trimestre de este año la iniciativa quede sancionada y se convierta en ley.
Es uno de los principales temas que el presidente Luis Lacalle Pou ha dicho en más de una ocasión que quiere que se apruebe en su gobierno. “Es un acto de responsabilidad nacional y no se lo vamos a dejar al próximo gobierno”, dijo el mandatario el día que todo el Ejecutivo envió el anteproyecto al Parlamento uruguayo.
Para Lacalle Pou el proyecto implica una “profunda dosis de solidaridad”, con las jubilaciones más reducidas, que en su mayoría aumentarán cuando entre en vigencia el nuevo régimen. Asimismo, señaló que habrá un tratamiento especial que incremente los beneficios a las familias que incluyan hijos con discapacidad.
Comisión especial
Formalmente desde este miércoles a las 18:00 horas quedará constituida la Comisión para estudiar la reforma jubilatoria en Diputados. La misma estará conformada por 12 representantes de la coalición y nueve opositores, y este miércoles se definirá presidente y vicepresidente, además de definir un régimen de trabajo.
Los doce representantes de la coalición son: Pedro Jisdonian, Rubén Bacigalupe, Carmen Tort, Pablo Viana, Álvaro Viviano y Juan Martín Rodríguez serán los integrantes por el Partido Nacional. Conrado Rodríguez y Jorge Alvear por el Partido Colorado. Álvaro Perrone y Martín Sodano por Cabildo Abierto, Iván Posada por el Partido Independiente y Daniel Peña por el Partido de la Gente.
Desde la oposición estarán Sebastián Valdomir, Gabriel Otero, Felipe Carballo, Ana Olivera, Verónica Mato, Gustavo Olmos, Carlos Varela y Gonzalo Civila por el Frente Amplio, y César Vega por el PERI.
El diputado Juan Martín Rodríguez dijo que el 7 de febrero se comenzará a recibir delegaciones y que buscarán escuchar diferentes puntos de vista, tanto desde las autoridades como de sociedades civiles.
Por su parte, la diputada del por el Frente Amplio, Bettiana Díaz aseguró que la discusión de la reforma jubilatoria en la cámara baja será larga, y señaló diferencias importantes que hay dentro de la coalición.
El gobierno no tiene todos los votos
Representantes del Partido Nacional reconocieron días atrás a El País la información que ya estaba circulando: uno de sus socios principales no votarían la propuesta tal y como está. El Partido Cabildo Abierto tiene 11 diputados, y con ellos el debate será más “duro” a la interna de la coalición que lidera Lacalle Pou.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto sin reclamos pero los dirigentes de Cabildo Abierto ya advirtieron que insistirán en la inclusión a la reforma de la Caja Notarial y en bajar de 25 a 15 años el período que se toma para el cálculo de la tasa de reemplazo.
Pero estos no serán los únicos puntos que los cabildantes pondrán sobre la mesa a la hora de la discusión del proyecto. El diputado Sebastián Cal dijo a El País que además se va a insistir con que se elimine del proyecto de ley el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que sigue estando en el artículo 241 como una fuente de recursos del Banco de Previsión Social (BPS).
Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone afirmó que en conversaciones internas se marcó otro punto sobre el cual se debe “ir a fondo”. Este refiere a las certificaciones médicas, las cuales según indicó “tienen un impacto directo” sobre el déficit del BPS. “Tenemos que ir en contra de los malos médicos certificadores, que lo hacen sin la información real sobre el estado de salud de la persona”, agregó.
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