La dictadura de Daniel Ortega mostró por primera vez a un grupo de presos políticos tras más de 400 días detenidos

Varios de los presos políticos nicaragüenses detenidos en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2021 han comparecido este lunes ante un tribunal de Managua, en unas vistas sin un motivo claro y que, según medios oficialistas, demuestran que se encuentran en buen estado de salud. Es la primera vez que la dictadura de Daniel Ortega divulga imágenes de los presos políticos tras más de 400 días de detención arbitraria.

La televisión pública ha divulgado imágenes de al menos diez detenidos, entre ellos los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez; los ex candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena; los dirigentes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jérez; el politólogo José Antonio Peraza y el empresario Michael Healy.

Todos ellos habrían sido informados de cómo avanza su proceso judicial. También se les ve recibiendo atención médica en imágenes compartidas por TN8.

Gómez y Fletes trabajaban para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y fueron los primeros miembros de esta organización en ser detenidos, el 29 de mayo de 2021. A ellos se sumó posteriormente la directora de la fundación y precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Vásquez, y su entonces chofer, Pedro Vásquez.

Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora también figuran en la terna de precandidatos presidenciales perseguidos por la dictadura de Ortega, que en noviembre pasado se proclamó vencedor en unas elecciones que fueron desconocidas por gran parte de la comunidad internacional, mientras que el joven Lesther Alemán está considerado una figura clave del movimiento estudiantil.

La oposición interna y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, incluida la ONU, han acusado al régimen sandinista de perseguir a las voces críticas en todos los niveles, desde la política a la educación, pasando incluso por entidades religiosas.

Los presos políticos que fueron presentados ante la justicia este martes se encuentran recluidos en el centro de torturas “El Chipote”, en Managua. Allí se les ha negado, entre otras cosas, derechos a recibir llamadas telefónicas y regalos de sus familiares.

Por su parte, el lunes familiares de los presos políticos denunciaron que sufren desnutrición y adelgazamiento extremo. “Estamos sumamente alarmados por la reducción drástica de las raciones alimenticias después de la última visita, llegando a extremos incompatibles con la vida”, afirmaron los familiares en una declaración leída por Renata Holmann, hija de Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, preso desde hace un año.

“El aumento en las raciones reportadas en nuestro comunicado anterior, no solo no se mantuvo, sino que se redujeron más que nunca, provocando más desnutrición y adelgazamiento extremo que nos tiene sumamente preocupados”, agregaron.

En la cárcel “El Chipote”, oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, se encuentran recluidos dirigentes opositores, estudiantiles, campesinos, empresarios, periodistas y profesionales independientes, incluyendo a siete disidentes que aspiraban a competir por la Presidencia en las elecciones generales de noviembre pasado.

Los opositores, detenidos entre mayo y noviembre de 2021, fueron condenados a penas de entre 7 y 13 años de cárcel por delitos considerados como “traición a la patria” o lavado de dinero. Ortega los ha tildado de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

En la declaración, los familiares explicaron que entre el viernes y el domingo pasados visitaron a sus parientes en “El Chipote”, en la que constataron su situación.

“Demandamos de manera urgente el incremento de las raciones, así como el mejoramiento del valor nutricional en la alimentación de nuestros familiares (...) Si el Estado no tiene la capacidad de proporcionar una alimentación adecuada, reiteramos nuestra voluntad de llevar estos alimentos diariamente”, añadieron.

Asimismo, demandaron que se les permita entregar la paquetería de alimentos semanalmente “y que la puedan manejar de manera autónoma en sus celdas, no como ahora que son administradas de manera discrecional y en pequeñas cantidades, como sucede en las cárceles del Sistema Penitenciario”.

Advirtieron que se ha incrementado la presencia de enfermedades como infecciones de garganta y estómago dentro de la prisión, y que sus familiares no reciben atención médica especializada.

Por tanto, exigieron “urgentemente el ingreso de organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional y la Comisión de Expertos Independientes de las Naciones Unidas a la Dirección de Auxilio Judicial y también en las distintas cárceles del Sistema Penitenciario y estaciones policiales en todo el país, para constatar la situación de nuestros familiares”.

En una declaración pública, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) denunció que Alemán, de 24 años, sufre “serios problemas médicos en su pierna derecha, y padeciendo de taquicardia y migraña”.

Alemán, quien la semana pasada cumplió un año y un mes de estar en prisión, fue condenado en febrero pasado a 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, delito que no reconoció. Su “delito” fue haber increpado en 2018 al dictador Daniel Ortega por los ataques armados que dejaron decenas de estudiantes muertos en Nicaragua en el marco de las protestas civiles.

De acuerdo con AUN, tanto el abogado como la familia de Alemán han solicitado en reiteradas ocasiones atención médica especializada y acceso al expediente clínico del líder estudiantil, sin éxito.

Los representantes de Alemán insisten en que “se permita a un médico independiente que pueda realizarle un diagnóstico preciso y brindarle el tratamiento pertinente antes de que su situación se agrave de tal manera que deje secuelas físicas de por vida y dificultades para caminar o movilizarse”, señaló AUN.

En los últimos meses la dictadura sandinista recrudeció la persecución contra la Iglesia Católica, sumando a la larga lista de presos políticos al obispo Rolando Álvarez.

(Con información de Europa Press y EFE)

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