Los familiares de los 182 convictos considerados presos políticos en Nicaragua anunciaron este lunes que se unen al ayuno de agua y suero iniciado por el obispo Rolando Álvarez, un crítico del régimen de Daniel Ortega, quien se encuentra recluido en una parroquia de Managua, donde es vigilado por agentes policiales.
“Nos unimos en ayuno, con relevo de 24 horas (...) y en apoyo hacia miembros de la iglesia, quienes se están viendo acosados y perseguidos”, indicaron los familiares, agrupados en cinco organizaciones diferentes, que incluyen a opositores excarcelados tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que dejaron cientos de muertos.
El obispo nicaragüense inició el viernes pasado una jornada de ayuno, oración y exorcismo indefinidos hasta que finalice el asedio policial del cual, dijo, es víctima.
Aunque el ayuno del jerarca católico es indefinido, los familiares de los “presos políticos” lo acompañarán hasta el próximo lunes, por el simbolismo del Día de la Madre en Nicaragua, que para las víctimas de las protestas de 2018 es una jornada de duelo, debido a que hace cuatro años fueron asesinados 15 nicaragüenses, explicaron en una declaración.
La decisión de los familiares se debe a que Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Estelí, ambas en el norte, así como el sacerdote Harving Padilla, de la parroquia San Juan Bautista de la ciudad de Masaya (sureste), “tienen iglesia por cárcel”, según dijo Ramón Mendoza, hermano del periodista encarcelado Miguel Mendoza.
Mendoza se refiere a que ambos religiosos no pueden salir de las parroquias, porque los policías han creado un cerco alrededor de los templos.
El obispo Álvarez es el encargado del área de comunicación del Episcopado y es uno de los religiosos más populares e influyentes de Nicaragua.
Ortega ha tildado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
También los ha calificado de “golpistas”, acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
Los familiares de los presos políticos también denunciaron que en las cárceles persisten los malos tratos contra los opositores, como la “falta de atención médica oportuna y especializada en los centros de detención y en el régimen de casa por cárcel”, y las “condiciones insalubres y precarias en celdas”.
Asimismo, señalaron una “política de maltratos, castigos y control”, así como el “aislamiento e incomunicación permanentes y por largos periodos de tiempo”.
“Hemos identificado un patrón de agresiones sexualizadas durante requisas a mujeres familiares, como lo son tocamientos a genitales y senos”, resaltaron.
Además, expresaron preocupación especial por la vida de los opositores Nidia Barbosa, María Esperanza Sánchez, Kevin Zamora, pues temen, según afirmaron, fallezcan como ocurrió, en febrero pasado, con el histórico combatiente sandinista Hugo Torres, acusado por “traición a la patria” y quien falleció a los 73 años bajo custodia policial a causa de una “enfermedad” aún no especificada por las autoridades.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
(Con información de EFE)
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