Un grupo de madres y familiares de personas detenidas y acusadas por las autoridades cubanas tras participar en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la isla han pedido a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) que interceda en favor de su liberación.
“Nos dirigimos a las autoridades eclesiásticas para pedirles su inmediata y formal intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación pacífica”, dice el texto de la carta divulgado por el foro crítico Estado de Sats, ligado a grupos disidentes.
La misiva, que recoge hasta el momento un centenar de firmas, ruega a la jerarquía de la Iglesia Católica cubana que los “acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia, de hacer el bien, de defender que se haga el bien como expone la Doctrina Social de la Iglesia”.
Al cumplirse tres meses de las protestas pacíficas del pasado 11 de julio en Cuba, “madres, esposas, hijas y familiares de detenidos y perseguidos, manifestamos nuestras profundas quejas y preocupaciones por la situación y estado de nuestros seres queridos”, exponen los firmantes.
En su petición, alegan que sus familiares se encuentran encarcelados “por ejercer el derecho elemental a la manifestación pacífica” provocada por “una larga y aguda crisis general que enfrenta nuestro país” y que lanzó a las calles a miles de cubanos “para demandar respeto a sus derechos y libertad”.
Estado de Sats acompañó la publicación de la misiva con una invitación “a todos los familiares de los detenidos y acusados por participar en las manifestaciones del 11-J a unir sus firmas y apoyo a este necesario y legítimo pedido a la Iglesia”.
Las protestas inéditas que estallaron en esa fecha incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la Policía y saqueos en algunas localidades, y se saldaron con una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.
Activistas han documentado más de un millar de detenidos y, según informan autoridades judiciales, 62 personas han sido juzgadas, en su mayoría por el delito de desorden público —imputado a 53 de los procesados— aunque también hay acusaciones de desacato, resistencia, instigación a delinquir y daños.
Las penas para esos delitos van de tres meses a un año de prisión o multas de hasta 300 cuotas o ambas, acorde al Código Penal cubano.
(Con información de EFE)
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