Por primera vez en la historia de Paraguay, la justicia de ese país debió allanar la sede del Banco Central por la negativa de la institución, a través de la Superintendencia de Bancos, a proporcionar información crucial sobre maniobras sospechadas de constituir lavado de dinero realizadas por el Banco Atlas, del Grupo Zucollilo, mediante fideicomisos instituidos por el fallecido Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol, quien murió con prisión domiciliaria y con pedido de extradición de los Estados Unidos a partir del escándalo del FIFAGATE, cuando ya el ex dirigente deportivo tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana.
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público de Paraguay fue la que impulsó y realizó el allanamiento a las oficinas de la Superintendencia en la sede del Banco Central.
La situación planteada escala a niveles de perjuicios insospechados para Paraguay, ya que en 10 días comienza la inspección in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y del cual el país es miembro fundador, una revisión que se encontrará con un Banco Central sospechado de estar encubriendo las señaladas maniobras sospechadas de fraudulentas.
Las consecuencias podrían ser que Paraguay sea considerado “país no cooperante para la prevención de lavado de dinero”, lo que lo marginaría de todos los círculos formales de las finanzas mundiales.
Los dos fideicomisos de Leoz investigados son por 6.000.000 de dólares, monto que, según las denuncias realizadas por las nuevas autoridades de Conmebol tras las auditorías practicadas, serían parte de un faltante de 200 millones de dólares que nunca pudieron ser encontrados en la Conmebol cuando asumió Alejandro Domínguez.
El período en el que esa impactante suma “desapareció” fue entre 2013 y 2015, y la magnitud de los niveles de corrupción se evidencian cuando se conoce que todos los movimientos financieros y económicos de la Conmebol anteriores a 2013 “fueron borrados”. A la fecha, el ente rector del fútbol sudamericano ya recuperó 53 millones de dólares de ese dinero.
La situación del origen espurio de los dos fideicomisos quedó groseramente a la vista cuando las hijas de Leoz, herederas de los fideicomisos, devolvieron motu propio, y para tratar de frenar el escándalo, 2.000.000 de dólares a la Conmebol.
Pero esa acción no hizo más que activar a la justicia de los Estados Unidos, que ahora puede intervenir en la investigación ya que, como sucedió con el dinero de la corrupción del FIFAGATE, las transacciones se hicieron en dólares, su moneda nacional, y no en guaraníes.
Esa habilitación para que los Estados Unidos intervenga y la inspección del GAFILAT generan preocupación en todo el espectro económico, financiero y, principalmente, político del Paraguay.
La situación pone sobre la mesa la relación del fallecido Nicolás Leoz con el también fallecido Aldo Zucolillo, poderosísimo empresario paraguayo dueño del Banco Atlas y amigo desde la escuela primaria del Leoz.
El periodista paraguayo Jorge Torres, que viene investigando el escándalo financiero con fondos de la corrupción del fútbol desde que estalló, hace una referencia inquietante: “Hace menos de un mes, el banco suizo Julius Baer admitió oficialmente ante la justicia norteamericana que lavó 36 millones de dólares de dirigentes deportivos de la FIFA. Ese mismo modus operandi es el que Leoz utilizó con el Banco Atlas aquí en Paraguay cuando el ex dirigente ya tenía pedidos de captura internacional”.
El camino parecería ser el mismo y, si Paraguay no quiere enfrentarse a un exilio financiero mundial por lavado de dinero, deberá dejar que su justicia avance antes de que se repita el esquema que llevó al banco suizo a la confesión de lavado.
En tanto, ya están procesados por ese presunto delito todos los directivos del Banco Atlas, cuyo dueño, el Grupo Zucolillo, es también propietario de Inmobiliaria del Este, otra empresa investigada por lavado de dinero a favor de Leoz mediante la supuesta compra y arrendamiento de tierras.
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