El gobierno de Joe Biden impuso restricciones y revocaciones de visado a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y del sistema judicial nicaragüense, incluidos fiscales y jueces, así como a algunos de sus familiares, por su participación en la represión y el abuso de derechos humanos en el marco de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
El Departamento de Estado anunció la medida contra aquellas personas que “se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de las protestas pacíficas o del abuso de los derechos humanos”.
Según explicó la diplomacia estadodunidense, “han contribuido a posibilitar los ataques del régimen de Ortega-Murillo contra la democracia y los derechos humanos”, ante la “detención de 26 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos seis aspirantes a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos”.
Washington también señaló como argumento la aprobación en el Congreso de leyes represivas, como la legislación electoral, una ley de “ciberdelitos”, una ley de “agentes extranjeros” y una ley de “soberanía”, disposiciones legales que sirvieron al régimen sandinista para su arremetida contra la oposición de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
Además, EEUU acusó a los sancionados de “tratar de acosar y silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes” y “socavar las instituciones y los procesos democráticos en Nicaragua”.
A cuatro meses de las elecciones, van seis aspirantes a la presidencia presos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro -primo de Cristiana- y Medardo Mairena.
El Departamento liderado por Antony Blinken aseguró que estas medidas “demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no sólo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos”. Además, el comunicado adelantó que el gobierno de Biden “continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas que tiene a su disposición para presionar por la liberación de los presos políticos” y respaldar los llamados de los nicaragüenses “por una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas”.
Daniel Ortega, de 75 años, que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones consecutivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo. Sus opositores no descartan que intente un cuarto mandato consecutivo el 7 de noviembre.
La oposición y la comunidad internacional lo han acusado de gobernar de manera autoritaria tras la brutal represión de las manifestaciones de 2018, que dejó 328 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
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