José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, cuestionó este viernes la orden de arresto de la ex presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y cinco de sus ex ministros por la causa que investiga el supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales en noviembre de 2019, por contener importantes irregularidades que generan dudas de estar frente a un “proceso basado en móviles políticos”
“Los órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’. Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”, señaló Vivanco desde su cuenta de Twitter con una publicación que incluyó fotos de varias páginas de la resolución de aprehensión.
Y, en un segndo tuit, añadió: “Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros invocan —al igual que la de Evo Morales en 2020– la ambigua figura de ‘terrorismo’ que se presta a arbitrariedades. En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Morales por ese mismo motivo”.
“Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”, concluyó el director de la prestigiosa ONG defensora de los derechos humanos.
Una fiscalía de Bolivia ordenó este viernes el arresto de Áñez y cinco de sus ministros, dos de los cuales ya fueron detenidos: el ex titular de la cartera de Energía, Rodrigo Guzmán, y el de Justicia, Álvaro Coimbra.
Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Yerko Nuñez (Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Presidencia), Luis Fernando López (Defensa) son los otros ministros alcanzados por la orden en la causa que investiga el supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales en noviembre de 2019.
“La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.”, expresó Áñez a través de su cuenta de Twitter, en la que también adjuntó la denuncia en su contra.
En concreto, la causa acusa a los ex funcionarios de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. La denuncia fue presentada por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado en las que salió triunfador Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las protestas que derivaron en la salida de Morales.
Los cargos son prácticamente los mismos que, durante su tiempo en el poder, los entonces funcionarios le achacaron a Evo Morales y por los cuales en diciembre de 2019 se ordenó la detención del ex presidente.
No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.
Esa medida fue anulada en octubre de 2020, una semana después de que Luis Arce, delfín de Morales, se impusiera por amplia diferencia en las elecciones presidenciales del país andino. No obstante, en ese entonces el juez de la causa aclaró que ello no implicaba que la investigación cesaría.
Desde su renuncia a la Presidencia, Morales siempre argumentó que había sido víctima de un golpe de Estado.
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