Bolivia determinó este domingo clausurar el año escolar ante el incremento de casos por COVID-19, algo que implica la promoción a los niveles superiores de escolaridad quedando descartada la aplicación de la modalidad a distancia. “No hay otra salida que clausurar el año escolar”, aseguró el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, en una comparecencia ante los medios en Santa Cruz. La decisión se debe a la intención del Gobierno interino de defender “la vida, la salud y la integridad de estudiantes, docentes y padres de familia y de la sociedad en su conjunto”, mencionó. “Esto implica la promoción de los estudiantes al curso superior”, anunció.
Con base en esta determinación, Núñez precisó que la gestión escolar quedó concluida el pasado 31 de julio y que la decisión “se aplica” a partir de este lunes, algo que también afecta a las clases a distancia por medio de internet, que no deberán impartirse.
“La gran mayoría en el área rural no cuenta con internet”, además que la fibra óptica “lamentablemente solo llega a las ciudades”, fue la explicación que ofreció Núñez para justificar que tampoco se ofrecerán sesiones a distancia.
El ministro interno también apuntó que la clausura de la gestión de estudios implica que "no hay reprobados" y que el salario de los maestros dependientes del Estado se va a seguir pagando los meses que restan del año.
El Gobierno interino y los sindicatos de maestros urbanos y rurales han sostenido desde hace varias semanas posiciones encontradas sobre los criterios de educación en plena pandemia.
Varios grupos de maestros han propuesto que se retomen las clases presenciales ante las limitaciones de acceso al internet y al considerar de que los costos por ese servicio afectan a las poblaciones con menos recursos. “Eso significa un serio riesgo a la salud y la vida de los niños”, sentenció el ministro sobre la exigencia de que vuelvan las clases presenciales.
UNA DECISIÓN CUESTIONADA
Las plataformas digitales han sido también un espacio donde han llovido observaciones a la decisión gubernativa, que fue justificada inicialmente como una medida de prevenir contagios por el nuevo coronavirus y luego agregó el conflicto con los maestros y las carencias en internet.
Sectores como los colegios privados se han declarado en emergencia, al considerar de que se pone en riesgo la situación económica de estos establecimientos, al suspender súbitamente el año académico. Por otro lado, asociaciones de padres de familia han expresado su “preocupación” y han cuestionado el trabajo del Ministerio de Educación en esta tensión con maestros.
Incluso organismos internacionales como Unicef han advertido de la “terrible pérdida” que conlleva para los estudiantes, ofreciéndose a apoyar para que pueda seguir el curso escolar.
Bolivia afronta hace varias semanas el incremento de contagios por la COVID-19, que ha dejado hasta ahora 3.064 muertos y 78.793 casos confirmados desde la detección de los primeros contagios, en marzo pasado. Las previsiones de las autoridades de sanidad establecen que el periodo de mayor riesgo por contagios llegará recién a finales de agosto y principios de septiembre.
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