Nairobi, 20 nov (EFE).- La Sociedad de Abogados de Uganda (ULS, en inglés) presentó una demanda ante la Justicia y una solicitud formal ante la Policía para que se revele el paradero y se libere o sean presentados ante la Justicia tres hombres "secuestrados" presuntamente por las fuerzas de seguridad.
"Usted ha señalado recientemente que la Policía de Uganda no respalda este tipo de actos delictivos. Ahora le instamos a que demuestre ese compromiso mediante medidas concretas de rendición de cuentas", señaló la ULS en la solicitud divulgada este viernes en la red social X y dirigida al inspector general de la Policía ugandesa, Abas Byakagaba.
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Entre los afectados mencionados figura, en primer lugar, Ronald Leonard Egesa, experto en tecnología y ciberseguridad que ejerce como asesor de la ULS y es además un posible testigo en un caso judicial que la organización está preparando en relación al acoso y las amenazas contra profesionales del derecho en el país por parte de Muhoozi Kainerugaba, jefe del Ejército.
La solicitud, fechada este jueves, también se refiere a David Musiri, presidente de un sindicato estudiantil, y Prosper Julian Ahabwe, abogado en prácticas adscrito a un bufete.
Según la ULS, Egesa fue secuestrado el pasado día 13 mientras participaba en una emisión en directo de una radio local en la capital, Kampala.
Por su lado, Musiri fue capturado el día 14 en su casa por hombres armados que también se llevaron dispositivos electrónicos y dinero, mientras Ahabwe desapareció este mismo día cuando se trasladaba desde su residencia a una comisaría para atender a un cliente, en ambos casos también en Kampala.
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Este lunes, la Policía reveló en una rueda de prensa que Egesa y Musiri fueron detenidos y están bajo custodia, si bien no informó sobre los motivos de su arresto, los cargos a los que se enfrentan, dónde están o cómo se pueden comunicar con sus abogados y seres queridos, mientras Ahabwe sigue en paradero desconocido.
Violación de la Constitución
Según la ULS, estas acciones violan la Constitución ugandesa, que requiere informar a un detenido de los motivos de su arresto, su presentación ante un tribunal lo antes posible y no más tarde de 48 horas y su retención en un sitio autorizado por la ley.
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Por eso, la asociación exigió "respuestas inmediatas" y que se de a conocer el paradero y el estado físico de los tres afectados, así como "comunicar los motivos de cualquier detención, la identidad de los agentes que la llevaron a cabo y el organismo responsable, así como los cargos que se les imputen".
También pidió un "acceso inmediato y sin restricciones a sus abogados y familiares" y o bien "poner en libertad a estas personas de manera incondicional o presentarlas sin demora ante un tribunal competente".
Un día antes, el jueves, la ULS informó de la confirmación de una audiencia para el próximo 25 de noviembre en una demanda de "habeas corpus" que habían presentado ante el Tribunal Superior, en Kampala, y en la que se menciona, además de al inspector general de la Policía, a Kainerugaba, hijo del presidente ugandés, Yoweri Museveni.
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Museveni, de 82 años, lleva en el poder desde 1986 y su régimen está marcado por las denuncias de tortura y represión contra la oposición, restricciones al espacio cívico y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. EFE
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