La Haya, 19 nov (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Birmania (Myanmar) actuó con la "intención de destruir una parte sustancial" de la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país, en la que consideró probados asesinatos masivos, violencia sexual, ataques contra menores y medidas destinadas a impedir nacimientos en esta comunidad.
El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que, tras examinar el conjunto de las pruebas, "la única conclusión razonable" que permite explicar las acciones de Birmania es que existía una "intención de destruir" a una gran parte de la población rohinyá del norte del Estado de Rakáin.
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Esta conclusión es fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, ya que la Convención contra el Genocidio exige demostrar no solo la comisión de determinados actos, sino también la "intención" de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Según la sentencia, las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017.
Los jueces consideraron que las pruebas respaldan la estimación de que unas 10.000 personas de esta minoría fueron asesinadas durante la ofensiva, en la que las fuerzas birmanas también cometieron "actos de extrema violencia contra menores" y atacaron a quienes intentaban huir hacia el vecino Bangladés.
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La Corte también consideró probado que las aldeas rohinyás fueron "destruidas sistemáticamente" y sustituidas por infraestructuras permanentes, mientras que las zonas fueron repobladas con personas ajenas a esta minoría.
Asimismo, los jueces determinaron que la ofensiva militar causó "graves daños físicos y mentales" a un número muy elevado de rohinyás y que Birmania impuso medidas destinadas a "impedir" los nacimientos dentro de esta comunidad, conducta también prohibida por la Convención contra el Genocidio.
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La ofensiva de 2017 provocó la huida de más de 700.000 rohinyás hacia Bangladés y otros países.
Esta minoría musulmana lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos, incluida la falta de reconocimiento de su ciudadanía por parte de las autoridades birmanas.
Gambia presentó la demanda ante la CIJ en 2019, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, y otros once países intervinieron posteriormente en el procedimiento.
Durante las audiencias celebradas el pasado enero, la delegación gambiana defendió que las pruebas demostraban una intención de destruir total o parcialmente a los rohinyás y presentó testimonios de supervivientes, que declararon a puerta cerrada por razones de seguridad.
Birmania rechazó las acusaciones y sostuvo que las operaciones militares de 2016 y 2017 respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), al que calificó de grupo terrorista.
El caso busca determinar si Birmania, como Estado, incumplió sus obligaciones internacionales de prevenir y castigar el genocidio, y no juzgar penalmente a militares o dirigentes concretos.
De confirmarse las acusaciones contra Birmania, sería la primera vez que la CIJ confirma la responsabilidad de un Estado por genocidio, el crimen más difícil de demostrar a nivel legal, especialmente por la necesidad de probar esa intención de destruir parte o la totalidad del grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuestión.
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La sentencia, cuya lectura sigue en curso y será una de las más largas de la historia del tribunal, será definitiva y sin posibilidad de recurso.
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