La Eurocámara pide reglas anticorrupción más estrictas para financiación política y puertas giratorias

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves a la Comisión Europea que en su próxima estrategia anticorrupción recoja la necesidad de contar con reglas comunes más estrictas en materia de conflictos de intereses, financiación política y puertas giratorias; al tiempo que ha advertido de la necesidad de proteger a los organismos independientes, periodistas, jueces y denunciantes que ayudan a investigar los casos.

En una resolución adoptada a mano alzada en Estrasburgo (Francia), la Eurocámara "observa que es preciso prestar especial atención" a las medidas que afectan a la ejecución de las sanciones en casos de corrupción, "como indultos, amnistías, conmutación de penas, libertad anticipada o condicional", con el objetivo de evitar que con ellas pueda disminuir la "eficacia" de las sanciones, se debilite el efecto disuasorio de las mismas o "se erosione la confianza pública" en la aplicación de la ley.

En este contexto, el texto, del que ha sido ponente el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, "recomienda que cuando esas medidas se apliquen estén sujetas a criterios claros, objetivos y transparentes y a decisiones debidamente motivadas que se pongan a disposición del público".

La Unión Europea cuenta con una ley anticorrupción recién entrada en vigor, en mayo de este 2026, pero los eurodiputados piden a la Comisión que aproveche la próxima estrategia para abordar específicamente la "evolución" de los riesgos, con el foco puesto en el avance del crimen organizado y de las nuevas tecnologías: al tiempo que advierten de que la percepción de impunidad puede ser tan perjudicial para la democracia como la propia corrupción, que no sólo daña la actividad económica sino que que socava el Estado de derecho y favorece a la delincuencia y a actores hostiles.

Así las cosas, los eurodiputados plantean contar con una cartografía del riesgo de corrupción basada en datos contrastados, formación y normas más estrictas en materia de contratación pública, subvenciones y transparencia; además de reclamar mayor armonización en materia de conflictos de intereses, regalos, viajes patrocinados, declaraciones de patrimonio y puertas giratorias, así como reglas más claras para regular a los grupos de presión.

También reivindican la necesidad de contar con normas comunes sobre financiación política y transparencia en torno a las fundaciones políticas y los intermediarios, y avisan de que también las instituciones de la Unión deben cumplir con los estándares más altos de lucha contra la corrupción.

La posición de la Eurocámara defiende intensificar la cooperación y el intercambio de información entre autoridades nacionales y organismos de la Unión como Europol, la Fiscalía Europea o la Oficina Anticorrupcuón (OLAF), para los que pide dotación suficiente y garantías de independencia.

Asimismo, pide medidas más efectivas para rastrear, embargar, confiscar y recuperar bienes o activos fruto de la corrupción, de la que se nutren el crimen organizado o el blanqueo de capitales, y apunta la necesidad de atender nuevos riesgos como las criptodivisas y reclama poner fin progresivamente a los llamados "pasaportes de oro" con los que algunos Estados miembro conceden permisos de residencia a terceros a cambio de grandes inversiones en su territorio.