Juez del 'caso Leire' reclama información al PSOE y pregunta a Anticorrupción sobre la petición del PP de imputarlo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el 'caso Leire Díez', ha solicitado al PSOE que le remita la "relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política" y ha emplazado a la Fiscalía Anticorrupción a que informe sobre la solicitud del PP de citar a la formación socialista como investigada.

Así lo ha ordenado Pedraz en dos providencias, recogidas por Europa Press, en las que también cita como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos el próximo 28 de octubre y como testigos ese mismo día al subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia y a su predecesora, en el marco de la causa en la que el juez investiga una presunta trama que habría liderado el exdirigente del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista para intentar desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

El juez requiere a los servicios jurídicos del PSOE que aporten "la relación completa de los letrados o despachos de abogacía o consultoría" que la formación socialista haya contratado entre 2021 y 2025, "tanto en sus órganos centrales como en los territoriales".

Pedraz también pide una copia de la documentación o el expediente abierto que "haya permitido comprobar los servicios a prestar", a través de notas de encargo o contratos, para "conceder la autorización" de dichas contrataciones, así como la documentación aportada para dar por justificados los servicios prestados.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Ana María Fuentes, directora gerente federal del PSOE, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional": una con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado.

"Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", explicó la UCO.

MILES DE ARCHIVOS APORTADOS POR LA SEPI

Sobre Villalobos, Pedraz le cita para interrogarle y a la vez le requiere que aporte ese mismo día la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Democrática, concretamente "certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española".

Fuentes próximas a la defensa de Villalobos han señalado a esta agencia de noticias que no tiene nada que esconder porque se trató de un trámite ordinario conforme a la ley y que así quedará demostrado.

Además, Pedraz ha incorporado a la causa el escrito que ha presentado la acusación popular que lidera el PP en la causa en el que solicita que declare imputado al PSOE por varios presuntos delitos y pide a Fiscalía que se pronuncie sobre este extremo.

Y en otra providencia comunica que la UCO tiene en sus manos nueva documentación entregada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuya directora, Belén Gualda, y varios cargos de la entidad pública están investigados en la pieza de la causa que indaga en presuntas irregularidades en contratos públicos.

La SEPI entregó a los agentes dos discos duros, "siendo uno copia del otro y conteniendo exactamente la misma información", con 70.613 correos electrónicos de los buzones internos de 2025 y 108.924 archivos de los ficheros de datos correspondientes al mismo año.

Aparte de la pieza sobre desestabilizar causas judiciales, Pedraz investiga en esta causa de forma paralela si se pagaron comisiones por el presunto amaño de contratos vinculados a la SEPI.