Argentina estimula el 'extractivismo' mediante régimen de incentivos a grandes inversiones

Buenos Aires, 19 ago (EFE).- El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), creado en 2024 en Argentina por impulso del Gobierno del ultraliberal Javier Milei, ha estimulado un modelo económico 'extractivista' no exento de conflictos socioambientales, según un informe difundido este miércoles por el Observatorio RIGI.

Integrado por organizaciones de la sociedad civil, espacios de investigación y ámbitos académicos, el Observatorio RIGI hace en su informe un balance a dos años de la puesta en marcha del nuevo régimen, que otorga por 30 años amplios beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las compañías que realicen inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores estratégicos.

Según datos oficiales, 44 proyectos con inversiones comprometidas por 198.979 millones de dólares han solicitado hasta ahora su adhesión al RIGI, de los cuales 21 ya fueron admitidos por el Gobierno argentino.

Los proyectos aprobados suman inversiones comprometidas por 46.708 millones de dólares. Doce de las iniciativas son del sector minero, cinco de petróleo y gas, y los cuatro restantes de energía, infraestructura y siderurgia.

De los 23 proyectos en evaluación, por un total de 152.271 millones de dólares, trece son de hidrocarburos y siete de minería.

Según el Observatorio RIGI, el régimen fiscal otorgado por el Gobierno argentino "consolidó un perfil fuertemente extractivo y no dinamizó nuevos sectores" ya que las inversiones se concentran en petróleo, cobre, gas y litio, mientras que otras actividades incluidas en los objetivos del plan -turismo, forestoindustria y energías renovables- muestran una participación marginal o directamente no registran proyectos.

En febrero pasado, a través de un decreto, el presidente Milei profundizó esta orientación al incorporar al RIGI los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, prorrogar el plazo de adhesión hasta julio de 2027 y flexibilizar las condiciones para las ampliaciones de proyectos ya adheridos.

Con ello, según el informe, el Ejecutivo "extendió un régimen excepcional de incentivos" a las actividades en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (suroeste), un sitio que ya registraba niveles récord de inversión, producción y exportaciones y que contaba con un entramado previo de políticas de promoción.

Tras el decreto de febrero pasado, se produjo un salto en la cantidad y monto de los proyectos de inversión presentados, iniciativas mayormente enfocadas en Vaca Muerta.

El otro gran sector beneficiado por el RIGI es el de la minería, que desde hace décadas cuenta con un régimen específico de promoción.

El Observatorio advirtió que, a la par de la puesta en marcha del RIGI, en Argentina se ha producido un "retroceso en materia de regulación ambiental", con una reforma de la Ley de Glaciares que permite actividades mineras cerca de los campos de hielo, incluidos proyectos que se benefician del RIGI.

El informe también pone la lupa en los ingresos que el Estado dejará de recaudar por los beneficios que el RIGI otorga a las empresas, lo que abre un debate sobre el uso de los recursos y las prioridades de políticas públicas e inversión social.

Lejos de revisar estas limitaciones, el Gobierno de Milei busca profundizar su modelo mediante el denominado 'súper RIGI', cuya creación se debate en el Parlamento.

A diferencia del régimen original, el 'súper RIGI' amplía los beneficios y está orientado a "nuevas industrias" que inviertan al menos 1.000 millones de dólares: tecnológicas de inteligencia artificial y centros de procesamiento de datos.

Según el Observatorio, el 'súper RIGI' "no corregiría los desequilibrios del régimen vigente, sino que extendería su lógica a sectores tecnológicos de alto consumo energético e hídrico, profundizando la pérdida de soberanía fiscal, regulatoria y democrática sobre infraestructuras estratégicas".

El Observatorio RIGI reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Transnational Institute, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo. EFE