Fiscalía de Guatemala allana un puerto por denuncia contra el presidente y su hermano

Ciudad de Guatemala, 8 may (EFE).- La Fiscalía allanó este jueves las instalaciones del Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico, por una denuncia por supuestos delitos que involucran al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y a su hermano Martín Arévalo.

El fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, dijo que existe una denuncia en contra del mandatario y su hermano por supuestamente "entregar" los puertos del país a diversas empresas chinas.

La Fiscalía allanó al menos tres instalaciones diferentes. Sin embargo, no entregaron detalles sobre los resultados de estos operativos realizados en el sur del país.

Por su parte, la secretaría de comunicación de la presidencia indicó que los señalamientos son "espurios", que rayan de "absurdos y ridículos".

La presidencia también respondió que esto se da un par de semanas antes de que el Gobierno firme un acuerdo con Estados Unidos para ampliar las instalaciones del puerto Quetzal.

Desde 2023, la Fiscalía, liderada por Consuelo Porras Argueta, ha presentado al menos cuatro casos diferentes contra Arévalo de León. Las acusaciones iniciaron cuando en junio de ese año ganó las presidenciales de forma inesperada cuando no figuraba entre los principales candidatos que mostraban las encuestas.

Porras Argueta, el fiscal Curruchiche, otros integrantes de la Fiscalía y dos jueces penales han recibido decenas de sanciones internacionales de países como Estados Unidos y de entidades como la Unión Europea, acusados de intentar socavar la democracia del país centroamericano.

A finales de abril, la Fiscalía detuvo al viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, acusado de "terrorismo" por haber sido parte de los líderes indígenas que encabezaron las protestas de 2023 contra las acciones de la Fiscalía.

La semana pasada, Arévalo de León, junto a diferentes lideres indígenas de todo el país, anunciaron una alianza en defensa de la democracia y se opusieron a los casos de la Fiscalía que son considerados como ataques políticos. EFE